Voyerismo y privacidad

Estados Unidos y Francia han sido considerados casos emblemáticos de dos lecturas opuestas. La primera, influenciada por el puritanismo, supone que la vida de los políticos debe ser un “libro abierto” sujeto al escrutinio público, bajo el entendido de que los ciudadanos pueden confiar en los funcionarios que eligen y que la conducta privada de éstos puede anticipar las posiciones que adoptarán en público.

La segunda, propia de muchas democracias liberales, incluyendo las latinoamericanas, refleja una cultura política menos cómoda con la intromisión en los asuntos personales de los servidores públicos. En el caso francés, se ve reflejada en estrictos controles estatales y leyes sobre la privacidad que criminalizan la publicación de detalles no autorizados sobre los individuos (aunque en la práctica los castigos son relativamente laxos).

Pese a esta divergencia, los límites entre lo público y lo privado se están renegociando. En el caso específico de los políticos, se observa una tendencia creciente hacia la intromisión en asuntos privados que en el pasado hubiera sido tabú en muchas latitudes. Si bien la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones explica parcialmente la dificultad de mantener los secretos, no es menos importante el auge de los llamados medios de entretenimiento, cuyo criterio gira en torno a la rentabilidad de determinados acontecimientos: “todo lo que vende vale”.

La política no ha sido inmune a esta tendencia, ya que también los políticos manipulan estratégicamente aspectos seleccionados de sus vidas personales —la familia, los gustos en música, cine o comida, los hobbies, entre otros— para reforzar determinadas imágenes ante los electores. En Francia, donde el respeto a la privacidad ha sido extremo, Nicolás Sarkozy comenzó a romper con la tradición en 2007, al hacer pública su relación con Carla Bruni. Después, en 2011, la sórdida vida sexual del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fue motivo de discusión sobre el alcance de la privacidad, que no sólo ocultaba la conducta impropia del funcionario, sino un sexismo generalizado en la política francesa.

Si bien los ciudadanos no necesitan saber todo sobre los políticos, pese a su fascinación con la infidelidad, la orientación sexual y las creencias religiosas, algunas conductas privadas sí deben ser susceptibles de escrutinio público. Es el caso del origen de las finanzas personales, los conflictos de interés, las conductas corruptas o criminales y las enfermedades físicas o mentales que impiden el ejercicio de funciones, todos asuntos de interés general. Mientras que el voyerismo mediático y político viola el derecho a la privacidad y limita la calidad del debate público al distraer la atención sobre hechos “jugosos” pero intrascendentes, la privacidad en exceso puede deteriorar la lógica de rendición de cuentas que es fundamental en cualquier democracia. Ninguno es deseable.