A la colombiana

Ahora, cuando los gobiernos más irresponsables, como el de Argentina, les echan mano a los saldos de los fondos privados de pensiones para gastar más (a sabiendas de que el Estado no tendrá ingresos para pagar las pensiones de millones de personas en los próximos años), en el pasado reciente el gobierno de Colombia dejó que se pusiera en marcha un proceso que lleva a lo mismo, pero por módicas cuotas anuales. No se coge la plata de los ahorros privados de un manotazo, sino de a pocos.

El segundo gobierno de Uribe toleró un creciente movimiento de personas de los fondos privados (donde sí hay ahorros que pueden respaldar unas pensiones moderadas), para que se pasaran, junto con sus dineros, al sistema público. Allí, les prometen pensiones mayores, pero no hay ahorros para atender a los afiliados durante toda su vida. Este truco le sirve al Gobierno para disfrazar el déficit con unos ingresos espurios que no reflejan la realidad fiscal de las pensiones del Estado. Es el mismo modelo argentino, pero disimulado.

Las cifras de lo que se está haciendo en Colombia son bien significativas. En los dos años pasados, miles de personas se movieron de las AFP al sistema público y, sólo en 2010, se llevaron $3,7 billones para la Tesorería, es decir, dineros por un monto equivalente a cerca del 0,7% del PIB (en 2009 trasladaron $2,6 billones, por un 0,52% del PIB).

De esta manera, el déficit del Gobierno Nacional central, el principal indicador de la salud fiscal del país, quedó maquillado en ese 0,7% del PIB. En el año 2010, por ejemplo, se mostró un déficit del 3,7% cuando, sin los dudosos ingresos de los traslados pensionales, debió ser del 4,4%.

Lo peor se observa en el llamado déficit primario, que sin este maquillaje pensional se habría acercado en 2010 al horrible 1,8% del PIB. Esto significa que, sin una fuerte corrección, la trayectoria de la deuda pública resulta explosiva (para corregir esta situación, el Gobierno ha tomado medidas como la eliminación de algunas exenciones y habla de una reforma tributaria estructural).

La única posición responsable es cerrar de un golpe el sistema público de pensiones, simplemente porque el Gobierno no tiene ni tendrá la plata necesaria para pagar todas las obligaciones pensionales que está contrayendo. Este paso debería ser el resultado de aceptar que la única razón para tener abierta esta opción es la financiación y maquillaje de un enorme déficit del Gobierno central en el corto plazo (una decisión que, por supuesto, agrava seriamente el desequilibrio fiscal del futuro). Este debería ser un elemento central de la reforma pensional que anuncia el gobierno del presidente Santos, en la cual ya se habla de temas como el aumento de la edad de jubilación y el cierre de los inequitativos carruseles de pensiones que se están autootorgando algunos altísimos funcionarios del sector de la justicia.