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La crisis de Venezuela se agudiza todos los días.
Después de que a finales de 2015 el pueblo votó abrumadoramente a favor de la oposición en las elecciones parlamentarias, el gobierno de Maduro, en lugar de abrir espacios para el diálogo, ha cerrado todos los caminos. Es cada vez más represivo y arbitrario, y arrasa con lo poco que queda del Estado de derecho.
La Corte Suprema de Justicia, un organismo del bolsillo del Gobierno, está anulando en forma sistemática las leyes que aprueba la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Aumenta a diario el número de presos políticos y se multiplican los abusos contra los derechos humanos. A la larga lista de perseguidos políticos la semana pasada se sumó el nombre de Braulio Jatar, un conocido periodista chileno-venezolano.
Todos los venezolanos, especialmente los más pobres, sienten en carne propia el brutal impacto del desgobierno, la corrupción y la incompetencia del régimen. La crisis sanitaria es enorme; aumentan los casos de malaria; faltan las drogas esenciales; y los hospitales no disponen de la dotación mínima (la alimentación y los medicamentos deben ser provistos por los familiares de los pacientes). Son interminables las colas frente a las tiendas vacías y un inmenso mercado negro beneficia a los privilegiados del gobierno. Y los observadores internacionales reportan alarmados los escandalosos niveles de crimen e inseguridad de Venezuela.
La esperanza de millones de personas es el referéndum revocatorio del gobierno de Maduro, una figura democrática prevista en la Constitución de Chávez. El Gobierno, sin embargo, está decidido a impedir que se pronuncie el electorado, y utiliza en forma mañosa todos los mecanismos para evitar la votación popular. Como es natural, el cierre abusivo e ilegal de las vías democráticas está agudizando la tensión política y obliga a la gente a salir a las calles para exigir su derecho a expresarse en forma pacífica en las urnas. La semana pasada, más de un millón de personas, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen, protagonizó la mayor manifestación política de la historia de ese país. Y las demostraciones multitudinarias se están extendiendo por todo el país.
La comunidad internacional, especialmente los gobiernos latinoamericanos, sigue sin reaccionar en forma adecuada ante la magnitud de la crisis venezolana. Human Rights Watch y numerosos observadores externos exigen una mayor presión internacional para que Maduro permita el referéndum y el alivio de la crisis humanitaria. Si continúan los abusos y los recortes a las libertades democráticas, no estará lejos el día en que su gobierno merezca el mismo tipo de sanciones que sufrieron la Sudáfrica del apartheid y el Chile del general Pinochet.
Una vez se apruebe el plebiscito del 2 de octubre en Colombia y comience el desarrollo de los acuerdos con las Farc, serán redundantes los santuarios y campamentos guerrilleros del otro lado de la frontera. En ese momento el país podrá conducir con plena libertad su política exterior y, fiel a su tradición de defensa de los valores democráticos, podrá sumarse al movimiento internacional para exigir el retorno de la libertad, la ley y la justicia a Venezuela. También le podrá exigir a su gobierno que se persiga al Eln y otros grupos criminales que hoy encuentran refugio en su territorio.
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