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EL MINISTRO DE TRANSPORTE, CON el apoyo de la Casa de Nariño, ha subyugado a los organismos técnicos del Gobierno.
Y cuando los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional se atreven a cuestionar sus caprichos, el funcionario los insulta y maltrata. En esas peleas Gallego, por lo general, se impone.
Un ejemplo de la sumisión del Conpes ha sido la forma complaciente como en los dos últimos años ha aprobado millonarias partidas a favor de los contratos señalados por el ministro. Desde el año 2008, el Conpes (ver sus documentos en www.dnp.gov) les ha dado su “visto bueno” a gigantescas ampliaciones de las concesiones, con cargo a los ingresos de los próximos gobiernos.
Las leyes de contratación estatal siempre tienen boquetes que permiten la contratación directa, sin licitaciones ni cotizaciones previas. El boquete de moda en estos años se llama “visto bueno del Conpes”. Con este expedito procedimiento se pueden ampliar y adicionar las concesiones, a dedo, sin ningún proceso competitivo. Para dar su fácil veredicto, el Conpes no examina casi nada: (i) chequea que el proyecto esté en el Plan Nacional de Desarrollo, y (ii) verifica que haga parte de las políticas del mismo Conpes. Como el Plan de Desarrollo vigente, en forma increíble, no contiene ningún listado de obras prioritarias, el DNP se limita a mencionar que el Plan habla, en alguna parte, del “capital físico” (ergo, cualquier cosa que tiene que ver con infraestructura de transporte cumple el requisito) y que la obra en cuestión está mencionada en uno de tantos listados que pasan por el Conpes. En estas condiciones, el “visto bueno” del Conpes no es más que una diligencia rutinaria y veloz que permite que las concesiones se amplíen, en montos astronómicos, sin ningún filtro ni criterio técnico independiente de la voluntad alegre del ministro.
Este boquete, con frecuencia, se combina con una tronera presupuestal que se cava en el seno del mismo Conpes y que surge de bautizar a un proyecto como “estratégico”. Una vez un proyecto recibe dicho nombre, por arte de magia, el Gobierno puede, a través de vigencias futuras, gastarse a chorros la plata de sus sucesores.
El conocido estudio de Juan Benavides (“Reformas para atraer inversión privada a la infraestructura vial”, www.fedesarrollo.org.co) recomendó la suspensión de estos manejos que en nada contribuyen a la modernización de la infraestructura y al buen manejo de los recursos públicos.
En lugar de parar, la millonaria contratación directa sigue su marcha desenfrenada en las últimas semanas del gobierno Uribe. El pasado miércoles, por ejemplo, El Tiempo llamó la atención sobre la forma sorpresiva como se aprobaron, en sólo 20 días, $1,4 billones para la Ruta Caribe y la vía Córdoba-Sucre. Están raspando la olla del gobierno que será de Mockus o de Santos.
Algunas de las inversiones aprobadas por el Conpes, por presión del ministro Gallego, sin mayores estudios ni diseños, no se van a convertir en obras útiles para el país. El próximo gobierno quedará en el peor de los mundos: se quedará sin plata, no podrá inaugurar las obras y, lo peor, tendrá que renegociar y reestructurar esos proyectos.
Los funcionarios técnicos de Hacienda y el DNP irritan al desbocado ministro cuando tratan de hacer su tarea. Pero sólo cuando, de verdad, lo puedan detener, cumplirán con su deber.