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FRENTE AL ALTO PRECIO DEL PEtróleo y sus derivados, en distintos países se han presentado dos tipos de reacciones. El primero supone que el aumento es de largo plazo y se orienta a incentivar la sustitución, el ahorro y el desmonte de la adicción al consumo de este producto.
El segundo, propugnado por la derecha de Estados Unidos, desconoce el carácter estructural de la escasez del crudo y se enfoca en la búsqueda angustiosa de nuevas reservas petroleras.
En países como España, que tratan de aliviar la dependencia del petróleo, se está tomando una serie de medidas que incluyen: el desarrollo de energía nuclear y eólica; la expansión del transporte público y la difusión de vehículos que ahorran energía. Estudian la imposición de límites a la velocidad de los vehículos y medidas especiales para consumir menos energía eléctrica (generada en su mayoría con combustibles tradicionales). Allá se está dando un activo debate en el que participan el gobierno, los partidos políticos, los intelectuales y los think-tanks.
Estos países aceptan que los altos precios del petróleo ya están produciendo efectos deseables que deben consolidarse: la reducción de la demanda por los carros con altos consumos de combustibles (los SUV, entre ellos) y el aumento de las ventas y el uso de bicicletas; la disminución de la demanda por viviendas situadas en suburbios (que imponen altos costos de transporte a sus habitantes); el incremento del uso del internet y la caída en el número de desplazamientos para hacer compras; el aumento de la demanda del transporte público y la explosión de proyectos de formas alternativas de energía. Todo esto, con el tiempo, apoyado por políticas de sustitución, deberá traducirse en una menor dependencia del petróleo.
En cambio, en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno y en la campaña republicana, todo lo que se discute es cómo buscar y encontrar nuevas reservas petroleras. Allá el lema parecería ser “hallar petróleo o morir”. Las discusiones se centran en permitir o no la perforación en áreas marinas restringidas o en algunos parques naturales. Esta visión, cortoplacista y miope, acepta que esa sociedad está condenada para siempre a depender del petróleo.
En Colombia estamos, como casi en todo, más cerca de la posición oficial de Estados Unidos. La gran prioridad nacional en materia energética parece ser explorar y encontrar petróleo. Aunque ésta es una postura correcta en el caso de Ecopetrol –se trata de una empresa petrolera, cuya misión es buscar y refinar petróleo–, la posición del Gobierno debería ser diferente, más ambiciosa, más visionaria.
El Gobierno no le ha propuesto al país una discusión amplia e ilustrada sobre cuál debería ser una política de largo plazo sobre la producción y consumo de productos energéticos. No se tiene claro qué se debería ahorrar y qué se debería utilizar en forma intensiva. No hay directrices sobre el tipo de vehículos de transporte privado que se deben incentivar. En cuanto al transporte de carga, el país está alarmado por las normas que estimulan vehículos ineficientes.
La política de transporte masivo en las ciudades es incoherente y anacrónica. La construcción de vivienda social depende de la adquisición de tierras cada vez más lejanas (sus usuarios son víctimas de los mayores precios del transporte). La política de precios y subsidios a los combustibles es claramente irracional. Y el etcétera es muy largo.
Aparte de algunas iniciativas dirigidas a diferir el necesario desmonte de los subsidios y de algunos anuncios apresurados sobre la extensión del pico y placa (pronto olvidados), poco se ha dicho sobre el tema. Casi todo está por hacer.
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