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Hay grupos que consiguen beneficios a punta de paros y amenazas, cuyos costos se trasladan directamente a los consumidores. Esos empeños no tendrían éxito sin la cooperación de algunos funcionarios, quienes, intimidados o convencidos, se convierten en instrumentos eficaces de las presiones.
Este es el caso de los camioneros, quienes con sus bloqueos han logrado que se sostengan fletes elevados y se impida la entrada de camiones modernos, evitando, de paso, que salgan de las vías miles de vehículos antiguos, depreciados y contaminantes.
Otro ejemplo es la persecución contra Uber desatada por los taxistas, con la ayuda de funcionarios del gobierno. El viceministro de Transporte ha anunciado un “Plan de choque” con la activa colaboración de la Policía, con el que amenaza prolongadas inmovilizaciones de vehículos de Uber, multas, demandas y pérdidas de los pases de sus conductores.
En lugar de buscar, en forma técnica y analítica, soluciones a los problemas que trae la necesaria introducción de las plataformas digitales, una tarea que debería ilustrarse con las mejores prácticas de las principales ciudades del mundo, sin ninguna consideración por la conveniencia de los usuarios, se optó por la persecución contra las nuevas tecnologías. Además de la pérdida de bienestar para los usuarios, los costos del llamado plan de choque son enormes. Basta pensar, por ejemplo, en el impacto de distraer a la Policía del combate contra el crimen y la inseguridad para ponerla a hostigar a Uber con el objeto de mejorar el negocio de los taxistas.
Además de una regulación inteligente y moderna para las plataformas digitales, una política en esta materia debería propender por: (i) propiciar que muchos vehículos que hoy se desempeñan como taxis se vinculen a plataformas tipo Uber; (ii) incentivar la entrada de rivales de Uber, con el objeto de que exista mayor competencia y se regulen los precios; (iii) promover e incentivar esquemas como Uber-Share, por medio de los cuales varios pasajeros que hacen un mismo recorrido comparten un vehículo, logrando la reducción de los costos privados y menor congestión de las vías.
Los funcionarios, hoy enceguecidos por sus miopes compromisos con los taxistas, deberían tener en cuenta que plataformas como las de Uber pueden brindar numerosos beneficios a la sociedad en el largo plazo: (i) con la ampliación de un servicio de esta naturaleza, personalizado y de buena calidad, se desincentiva la compra y el uso de vehículos particulares, con los consiguientes beneficios económicos y ambientales; (ii) puede disminuir el tamaño del parque automotor; (iii) se ahorran espacios de parqueo en la construcción de residencias y oficinas; (iv) se preparan las regulaciones y la cultura necesarias para la llegada de los carros eléctricos sin conductor, vehículos que ya están en período de prueba en Estados Unidos y Europa. No hay ninguna razón para que Colombia no se beneficie en el futuro, en alguna proporción, de estos avances.
Una manera para evitar la captura de las políticas y regulaciones en materia de Uber y otras tecnologías de punta podría ser vincular a la discusión al Ministerio de las TIC, el DNP y grupos académicos, de tal forma que se puedan tener en cuenta los intereses de toda la comunidad en el largo plazo y no sólo los conveniencias inmediatas de unos pocos grupos de interés.