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LA HISTORIA DE COLOMBIA DE LOS últimos 20 años ha estado marcada por la interceptación de las llamadas telefónicas, las chuzadas.
Todo comenzó con la ayuda externa para la lucha contra el narcotráfico, por medio de la cual varios organismos del Estado recibieron docenas de equipos capaces de escuchar y grabar las conversaciones privadas de los ciudadanos.
Fue con la ayuda de estas interceptaciones que se desarrollaron las exitosas operaciones contra Pablo Escobar y Raúl Reyes. Y pronto surgió uno de los beneficios de las chuzadas: cuando se grababa a los criminales aparecieron las voces de sus cómplices en la política y las agencias del Estado. Por distintos caminos, no siempre claros, esas cintas llegaron a los medios de comunicación.
Gracias a su divulgación, el país se enteró de algunos de los principales eventos de su historia reciente. Sin ellas, estaríamos en Babia. Muchos delincuentes habrían quedado impunes y decenas de personajes siniestros seguirían activos en la vida pública.
Por medio de los narcocasetes el país conoció cómo el cartel de Cali financió una campaña presidencial. Por una chuzada se supo del alcance de las relaciones políticas de la “monita retrechera” y por la misma vía Colombia se enteró del “miti-miti”. Y, más recientemente, así se entendió la magnitud de los contactos entre los paramilitares y algunos políticos y militares. También de esta manera se supo de las relaciones de la Fiscalía de Medellín con un grupo de mafiosos.
El conocimiento de las conversaciones de los corruptos hizo que la opinión pública reaccionara y acicateara a los jueces, somnolientos y atemorizados, para que actuaran contra ellos. La divulgación de las chuzadas, a pesar de su falta de transparencia, ha llenado el gran vacío de la justicia y la falta de control político de las instituciones del país.
Aunque las chuzadas permitieron que los “buenos” se enteraran de lo que hacían los “malos” en la oscuridad, su lado siniestro siempre ha estado presente. Los peligros del uso indiscriminado de las interceptaciones telefónicas, a veces al servicio de intereses oscuros, son enormes.
Lo que acaba de descubrirse en el DAS, semejante a lo que antes sucedió en la Policía, desvela un panorama terrible. Si se confirma lo que está apareciendo en los medios, no quedará duda de que el DAS chuzaba a buena parte de la sociedad, en algunos casos, con propósitos criminales. Parecería que se monitoreaba a los “buenos” para que los “malos” pudieran chantajearlos, intimidarlos y golpearlos. Es más, existen evidencias de que desde hace varios años el DAS no ha dejado de estar infiltrado por grupos ilegales.
Las chuzadas no pueden eliminarse. El uso de tecnologías avanzadas es un elemento fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Pero hay que quitárselas a las mafias y entregárselas, en forma ordenada y controlada, únicamente a instituciones sanas, que luchan sólo contra el crimen.
Como lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia, la gran prioridad es saber quiénes fueron los autores intelectuales y los beneficiarios de los seguimientos contra jueces, periodistas y políticos. La Fiscalía debe esclarecer pronto este escándalo y acusar a los culpables. Y se debe defender la capacidad de los medios de comunicación de seguir difundiendo informaciones de interés público. No son ellos los que están en la picota.