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La oposición venezolana, con mayorías en el Congreso, convocó un referéndum revocatorio del presidente de la República, un procedimiento establecido en 1999 por la constitución de Hugo Chávez. Se trata de que el pueblo decida sobre la continuación del gobierno de Nicolás Maduro.
Este personaje, consciente de su enorme impopularidad, ha puesto al sistema judicial y a las autoridades electorales, de su bolsillo, a obstaculizar la votación popular sobre su destitución. La oposición no ha tenido otro remedio que intensificar las protestas internas y buscar el apoyo internacional.
Las discusiones diplomáticas han girado alrededor de dos escenarios. Por una parte, Unasur, un organismo afín al régimen bolivariano, está impulsando el diálogo entre el Gobierno y la oposición, a través de los oficios de algunos expresidentes (Rodríguez Zapatero, entre ellos). No pocos sospechan que la promoción del diálogo, sin agenda ni fechas, es simplemente otra estratagema de Maduro para ganar tiempo y embolatar el referéndum (hace dos años, en medio de grandes manifestaciones, se fomentaron las conversaciones, la gente volvió a sus casas, el Gobierno encarceló a Leopoldo López y otros líderes y, al final, no pasó nada). Maduro y sus secuaces tienen incentivos para ganar tiempo. Si el referéndum se realiza el año entrante y triunfa la revocatoria, no se convocarían nuevas elecciones y el vicepresidente de Maduro terminaría el período del “dictadorzuelo” (según palabras de Luis Almagro). La oposición, con toda la razón, condiciona su participación en las conversaciones a que se realice el referendo revocatorio.
Por otro lado, la OEA, convocada por Almagro, su secretario general, a aplicar la Carta Interamericana, se limitó a emitir inicialmente una declaratoria gaseosa apoyando el diálogo. Aunque la iniciativa de Almagro no cuenta con el apoyo necesario, a raíz de la discusión suscitada por su propuesta, en pocas semanas se discutirá en Washington, con gran visibilidad, el tema de Venezuela, algo impensable hace unas semanas.
La presión sobre Maduro está aumentando. La comunidad internacional, con pocas excepciones, percibe al Gobierno venezolano como un peligro para su pueblo. Human Rights Watch y 124 organizaciones acaban de solicitarle que revoque el régimen de excepción y emergencia que le permite a su Gobierno restringir libertades y atropellar los intentos de la sociedad civil de defender los derechos humanos.
El necesario cambio político en Venezuela no va a ocurrir únicamente por la presión internacional. La mayor responsabilidad recae sobre las mayorías de ese país que deben mantener la búsqueda pacífica de mecanismos para encauzar el gran rechazo popular al Gobierno bolivariano. A medida que avancen los procesos internos, la oposición venezolana debe sentir que cuenta con el apoyo de los demócratas de América Latina.
Colombia debería apoyar la realización del referendo revocatorio. No sólo se probaría así que su diplomacia no está hipotecada a Cuba y Venezuela por el proceso de paz, sino que con el cambio político en Venezuela se defenderían los intereses de los colombianos, hoy fuertemente afectados por la crisis de su vecino (existe el riesgo de que la implosión total en Venezuela cause aún mayores estragos humanos y financieros en las áreas fronterizas y el resto de la economía nacional).
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