Constitución y apertura: 20 años

Para ilustrar el punto, vale la pena recordar el debate sobre la eliminación de la protección agrícola en Inglaterra en el siglo XIX, alrededor de la derogatoria de las leyes que establecían aranceles elevados sobre las importaciones de granos (Corn Laws). La apertura agrícola de ese país fue un paso indispensable para reducir los precios de los alimentos,  impulsar el desarrollo industrial y, sobre todo, desmantelar el poder de la antigua clase terrateniente contraria al desarrollo y la democratización económica y social. En varias columnas, el propio Marx, con su perspicacia habitual, indicó que esta medida era necesaria para eliminar los rezagos de un obsoleto modo de producción.

Antes de los años noventa, la economía colombiana estaba centrada en la protección de un puñado de empresas parasitarias, privilegiadas, que recibían montones de crédito de fomento y subsidios, no innovaban, no creaban empleo y eran incapaces de competir en los mercados internacionales. Como no necesitaban vías y medios de comunicación modernos, sus defensores sostenían que las malas carreteras los protegían de la competencia externa (ésta es una de las causas del gran atraso de la infraestructura). La apertura económica en Colombia, como en Inglaterra, era indispensable para forzar la transformación de una clase empresarial que no le servía al país. Era necesario que su lugar lo tomara una nueva generación, progresista, abierta al mundo, decidida a modernizar el aparato productivo.

Otros afirman, también equivocadamente, que el impacto de la apertura se sintió en el empleo. La cifra más baja de desempleo de la historia reciente se registró entre 1994 y 1995. El brutal aumento de la desocupación se dio con la crisis internacional de finales de los noventa, que se sumó al desplome de la inversión causado por la inseguridad y la violencia. Y el alto desempleo de la actualidad está asociado con las absurdas regulaciones del mercado laboral y no con los aranceles. 

La pobreza, el desempleo y la falta de modernización del campo colombiano, según los analistas más serios, se relacionan con la protección que sigue recibiendo este sector. La agricultura colombiana está frenada, mientras que la de otros países, como Brasil, Chile y Perú, crece en forma acelerada. Su estancamiento se origina, precisamente, en que la política agrícola se ha empeñado en continuar apoyando un puñado de bienes que sustituyen importaciones,  en lugar de promover nuevos productos de exportación. El costo de esta orientación se traduce en los altos precios de los alimentos y la miseria del campo. 

La nueva Constitución y la apertura, sin duda, apuntan en la misma dirección.