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Llama la atención que el Plan de Desarrollo, en lugar de propiciar el aumento de la productividad con medidas generales, de acuerdo con políticas bien diseñadas, en algunos casos se haya convertido en un instrumento para satisfacer ciertos intereses particulares, tal como lo han venido comentando varios columnistas. Se ha denunciado que en algunos de sus artículos se estarían acogiendo incluso iniciativas que, al parecer, favorecerían el contrabando. Esta ha sido una queja de gremios como Fenalco y Analdex, entidades que han señalado los mecanismos precisos mediante los cuales los mayores aranceles crearían estímulos para el crecimiento de las importaciones ilegales (incluso se han escuchado versiones que sugieren que ciertos personajes asociados a conocidos centros de esos turbios negocios han sido vistos en foros donde se discuten estos temas). Si así fuera, esto infortunadamente no sería nada nuevo. Hace algunas décadas, un importante grupo político, de la mano de los Sanandresitos, se opuso, por las mismas razones, a la apertura económica.
Si cumplen con su deber, las autoridades no deberían actuar teniendo en cuenta únicamente los intereses de quienes abogan por mayores aranceles (mucho menos si su objetivo es, en realidad, favorecer el contrabando). Deberían, en todos los casos, sopesar todos los efectos de la mayor protección sobre el conjunto de la economía y los diversos grupos sociales. Por esta razón, el escenario para discutir aranceles no son los salones herméticos ni las charlas sigilosas, sino el espacio abierto del Consejo de Comercio Exterior, a la luz de un debate ilustrado por documentos técnicos, elaborados por profesionales independientes. Allí deberían considerarse los intereses de las familias, los exportadores, los intermediarios, los industriales y, en fin, todos los afectados. Los equipos especializados y los expertos del Gobierno, sin conflictos de interés ni compromisos diversos, deberían hacer conocer por escrito el impacto de los aranceles sobre los grupos que no tienen voz, que no hacen lobby y cuyo bienestar es, casi siempre, olvidado: los consumidores.
Ya existen varios estudios que muestran que, si se elevaran los aranceles, como se contempla en el Plan de Desarrollo, se daría un salto importante en los precios de la ropa y el calzado, con un efecto directo sobre los salarios reales. Y también se produciría un daño significativo sobre el empleo en el comercio y la industria, precisamente en momentos en que las tasas generales de desocupación comienzan a mostrar signos preocupantes.
Más allá de este desafortunado incidente, llama la atención la falta de una política, una estrategia general de productividad que oriente las acciones del Gobierno. Dicha política no puede ser la abigarrada suma de respuestas aisladas a solicitudes puntuales de gremios y empresas, de acuerdo con su capacidad de lobby, intriga o presión ante las altas esferas. Las acciones de las autoridades deberían responder, por el contrario, a una concepción general sobre las necesidades de las distintas industrias y sectores, entre otras cosas, en materia de modernización, capital humano, infraestructura y otros bienes públicos. De otra forma, al cabo de algunos años, en medio de la confusión y el desorden, el país terminará con menor productividad, menor crecimiento y mayor desempleo.
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