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No nos habíamos recuperado del impacto de las horribles matanzas, masacres, desplazamientos y confinamientos impuestos por el ELN en el Catatumbo, cuando el país se enteró que a las 3:40 a. m. del domingo pasado, el amanecido presidente Petro había desencadenado otra crisis, esta vez con Estados Unidos, la misma que solo pudo solucionarse horas después con la humillación y claudicación del Gobierno colombiano ante las exigencias de Donald Trump sobre la deportación de cientos de colombianos. Superado ese penoso incidente, el país tuvo que volver a ocuparse de la realidad del Catatumbo y las relaciones con Venezuela.
Bien se sabe que el ELN tiene un vínculo estrecho con el régimen chavista. La ofensiva de cientos de hombres de este grupo criminal contra las disidencias de las FARC y la población civil ocurrió solo después de que esos guerrilleros, muchos de los cuales salieron de sus bases de Arauca, entraron a sangre y fuego al Catatumbo a través de Venezuela. Los analistas coinciden en que ese movimiento de tropas irregulares no hubiera podido ocurrir sin la complicidad y la cooperación del Gobierno de Maduro. El ELN es un grupo binacional que hace parte de las fuerzas ilegales que apoyan y colaboran en las labores de represión, vigilancia y tráfico de cocaína que involucran a la cúpula bolivariana.
En consecuencia, el dominio del ELN de buena parte del departamento de Arauca y de amplias porciones de Norte de Santander es, en realidad, una forma del control que ejerce el régimen de Maduro sobre territorio colombiano a través de sus sanguinarios socios y colaboradores elenos. De esta manera, los gobernantes de Venezuela aseguran, entre otras cosas, su influencia sobre la producción y tráfico de cocaína de la vasta región del Catatumbo.
Ante esa evidencia, se hubiera esperado que el Gobierno colombiano adoptara una actitud firme frente al de Venezuela. No fue así. Con los diálogos presidenciales sostenidos a raíz de las masacres, Maduro logró que el gobierno de Petro terminara por reconocer su régimen espurio. Peor aún, el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se reunió con el general Vladimir Padrino López para solicitarle ingenuamente su colaboración para capturar a sus compinches del ELN (Velásquez puede pensar que tuvo una oportunidad de mejorar sus finanzas personales ya que Estados Unidos ofrece una recompensa de US$ 15 millones por información que conduzca a la captura de este militar asociado con el narcotráfico).
Aunque el Gobierno se dispone a realizar algunas acciones para aliviar los problemas de la población afectada por la violencia, las medidas de la conmoción interior no atacan las verdaderas causas de la crisis, entre ellas, la creciente extensión del narcotráfico, la estrecha asociación del Gobierno venezolano con el ELN y la voluntaria debilidad de nuestras fuerzas militares. Los inanes anuncios de inversiones grandiosas en la región, como un “Plan Marshall”, vías, planes turísticos y expropiaciones de tierras, para nada apuntan a solucionar los problemas que originan las oleadas de crímenes en esa región.
No sería sorprendente que en pocos días el país vuelva a sufrir nuevos episodios de violencia en el Catatumbo y otras regiones, al tiempo que, seguramente, seguirá boyante la producción y tráfico de cocaína, negocios que serán disputados por brutales grupos criminales.
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