Después de las Farc

Se necesitó una inquebrantable decisión política, grandes incrementos presupuestales, la ayuda de varios países, la promulgación de leyes y el nombramiento de buenos ministros; la selección cuidadosa, el descarte y la promoción de varios generales; y el seguimiento continuo del avance de las operaciones por parte del sector privado, la opinión pública y la clase política. De esta forma, se están consiguiendo resultados que, en pocos años, van a permitir que se diga que Colombia fue capaz de dejar atrás el larguísimo problema de su narcoguerrilla.

Al hacer un balance de lo que se ha alcanzado en materia de seguridad, es imposible no pensar en otros problemas graves que ni siquiera se han comenzado a resolver. Éste es, por ejemplo, el caso de la infraestructura de transporte, cuya crítica situación, su prolongado abandono y su increíble descuido son, a todas luces, inaceptables.

Los obstáculos para la construcción de carreteras y autopistas en Colombia son enormes: una quebrada y ardua geografía; la inexistencia de instituciones modernas y competentes; el hábito de nombrar altos funcionarios poco calificados; la ausencia de una tecnocracia a cargo de sus principales decisiones; la carencia de diagnósticos, estudios y diseños; la falta de una visión de largo plazo; la captura de los centros de decisión por parte de un puñado de firmas privilegiadas; la larguísima tradición de tomar decisiones politizadas que terminan en la atomización de los recursos en pequeñas obras intrascendentes.

Ante esta realidad, lo mismo que sucedía antes con la amenaza de la guerrilla, reina la sensación de impotencia, fatalismo y el convencimiento resignado de que el problema de la mala infraestructura supera las capacidades del país.

Las falencias en materia de infraestructura se presentaron con nitidez en la década pasada. Nada más contrario a los intereses del país que la concentración de los esfuerzos nacionales en un programa de vías menores, mal diseñado y peor ejecutado. Y, con respecto a las concesiones viales, se tomaron las más erradas y disparatadas decisiones que no se tradujeron sino en sobrecostos, atrasos y escándalos judiciales. Así se perdieron más de ocho largos años en el desarrollo del país.

Como en el caso de su decisión de enfrentar a las Farc, Colombia podría tomar la determinación de construir, por fin, una excelente infraestructura de transporte. Para hacerlo, tendría que nombrar altos funcionarios con óptima formación y experiencia; implantar las prácticas más exitosas ensayadas en otros países; recibir ayuda técnica internacional; atraer recursos de capital nacional y extranjero; expedir buenas leyes en materias sensibles; aumentar los presupuestos públicos; interesar al sector privado, la clase política y la opinión pública. De esa forma, con el liderazgo del Gobierno, Colombia podría tener, en el plazo de cinco a diez años, una red de autopistas de primera línea que apoye su crecimiento económico. Ésta es una meta realista y alcanzable.

Después de sus sonados éxitos en materia de seguridad, el gobierno del presidente Santos podría apuntarle, entre otras cosas, a resolver para siempre este sentido problema del país.