Ecopetrol 15%

La iniciativa del ministro, al parecer con el apoyo de la Casa de Nariño, consiste en que el único comprador de las acciones de la Nación en Ecopetrol debe ser el Fonpet, el fondo de las pensiones de los empleados territoriales. Y la plata ya está distribuida: se trata de una lista arbitraria de carreteras, escogida a dedo, que refleja una serie de caprichos e intereses regionales y políticos. Hay muchos tramos incompletos, inconexos, sin estudios ni diseños, que no son prioritarios. Se trata, en una palabra, de otro engendro, de una sumatoria de partidas atomizadas, como el Plan 2.500, pero a gran escala; costaría US$7.500 millones.

Sería funesto que el Fonpet concentrara el grueso de sus recursos en Ecopetrol. Puesto que sus representantes en la Junta serían políticos municipales y departamentales, el carácter técnico de la empresa se desdibujaría, y se pondrían en riesgo las inversiones de los cientos de miles de personas que compraron sus acciones confiadas en el manejo profesional de la misma. Pero esto no es todo. Las pensiones de miles de funcionarios regionales dependerían casi exclusivamente de los rendimientos inciertos de una empresa politizada que eventualmente podría arrojar malos resultados. Los principios de prudencia y de diversificación del riesgo, claves en el manejo de portafolios, serían ignorados.

La defensa de la sensatez y la institucionalidad ha estado a cargo del director del DNP y del ministro de Hacienda, quienes, atendiendo sus obligaciones legales, se han opuesto tanto a la venta de las acciones concentrada en el Fonpet, como a la arbitraria lista de mercado de carreteras del ministro. Anotan, con razón, que la venta de acciones de la Nación debe ser abierta, de acuerdo con la Ley 226 de 1995, y que las obras que sean financiadas con estos recursos deben tener, todas, estudios y estar enmarcadas dentro de las prioridades nacionales. Allí no cabrían, por ejemplo, los proyectos incompletos justificados por una racionalidad electoral; tampoco cabrían la llamada Autopista de las Américas, una extraña vía que saldría de La Guajira, donde no hay tráfico, e iría hasta Panamá, donde no hay paso; ni la extraordinaria autopista de cuatro carriles por las remotas comarcas de Antioquia (estas dos vías, inexplicablemente, fueron avaladas por un documento Conpes).

La discusión es importante. Si triunfa el ministro de Transporte, en la práctica, se emascularía la tecnocracia del DNP y del Ministerio de Hacienda, y la inversión pública, ya sin frenos ni tapujos, quedaría en manos del populismo, la politiquería y el favoritismo regional. Si, por el contrario, la tecnocracia se impone, el país podrá tener la esperanza de que se rectificarán los errores del pasado reciente y que la inversión pública responderá, de acuerdo con las prioridades y los estudios, como lo exigen las normas, al imperativo de aumentar la menguada competitividad del país. Asimismo, muchas regiones, hoy olvidadas, podrían tener fe en que las obras no se concentrarán en unos pocos departamentos privilegiados.