¿El precio de la paz?

Lo que se discute en La Habana, a pesar de su importancia y relevancia para el futuro del país, sólo se refiere a una parte relativamente pequeña de las reformas que requiere Colombia. Como lo impuso en buena hora el Gobierno, la agenda de lo que allá se discute en materia económica se enfoca, en gran parte, en asuntos rurales, donde vive apenas cerca del 20% de la población colombiana. Los acuerdos con las Farc, con buenas razones, no hablan para nada de temas vitales para el grueso de un país urbano que padece las carencias de servicios esenciales y sufre el impacto del descuido estatal en asuntos cruciales para el crecimiento y la equidad. Basta mencionar temas como la calidad y la cobertura de la educación (pésima, según las pruebas PISA); la atención a la primera infancia, hoy precaria en manos del ICBF; los desafíos de la educación del Sena, cuyos servicios exhiben una notable deficiencia; la necesidad de superar el atraso en ciencia y tecnología. Esto, para no hablar del monumental rezago en materia de infraestructura vial, un sector que sólo apenas al final del primer gobierno Santos, después de casi diez años de parálisis, comienza a recibir un impulso decidido.

Como el tiempo, las energías y la capacidad de gestión de los gobernantes son limitadas, existe el riesgo de que, una vez se firmen los pactos con la guerrilla, el nuevo gobierno se concentre únicamente en el desarrollo de esos acuerdos y, en consecuencia, se descuiden, o simplemente se ignoren, como tantas veces en el pasado, reformas tan importantes como las de la educación, la primera infancia, la ciencia y la tecnología y la infraestructura (asuntos que nada o poco le importan a la guerrilla y a algunos de los impulsores del proceso de paz). Si esto llegara a suceder, se estaría pagando un altísimo precio en términos de crecimiento, equidad y modernización del país.

Habrá quienes piensen que este nuevo descuido a tantos temas clave, por otros cuatro u ocho años, es un precio que bien se podría pagar por alcanzar la paz en Colombia. Esto no es así. En buena medida, el impacto lo sufrirán, como siempre, los grupos más pobres, necesitados de buena educación, atención a la primera infancia y oportunidades de trabajo y progreso en una economía dinámica.

Con determinaciones concretas, el nuevo gobierno deberá blindarse contra el riesgo de ignorar todo lo que no se refiera al desarrollo de los acuerdos de paz. De lo contrario, podríamos terminar con un país que realiza ciertas reformas rurales, tal vez con mejores cifras de violencia, pero con su educación, su ciencia y tecnología y su infraestructura aún más rezagadas frente a los países más dinámicos. Así no se podrá proclamar que con la paz, automáticamente, Colombia tendrá una mayor expansión económica. Por el contrario, podría, incluso, mantener o reducir su mediocre “nadadito de perro” en materia de crecimiento.