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Según varios observadores, hay un alto riesgo de que millones de colombianos sufran un agudo y creciente deterioro de sus servicios de salud. Esta sería la consecuencia del debilitamiento del sistema vigente, el de las EPS e IPS, acelerado por decisiones que viene tomando el Gobierno, al tiempo que el Congreso evade el estudio de este urgente problema por concentrarse en la discusión de la peligrosa y dañina reforma a la salud que promueve el Ejecutivo, una iniciativa que, incluso si lograra su aprobación, tardaría varios años para ponerse en marcha.
Varias determinaciones del Gobierno están precipitando la crisis del sistema vigente. En primer término, al negarse a incluir en la adición presupuestal las sumas requeridas para garantizar su funcionamiento, que ACEMI estima en más de $10 billones (que incluyen el pago de deudas desde la época del covid y recursos para su operación en este año), la delicada situación financiera de muchas entidades seguirá deteriorándose y así será imposible que mantengan los servicios a sus afiliados. En segundo lugar, al no contemplar alternativas de salvación a EPS claves, como Savia en Antioquia —haciendo caso omiso a las buenas razones del gobernador de Antioquia y la bancada parlamentaria de ese departamento—, y optar, en cambio, por su apresurada intervención y posible liquidación, el Gobierno sobrecarga con nuevos afiliados y menos recursos a las EPS que sobreviven y, de esta manera, agrava sus problemas financieros y pone en riesgo la atención de millones de personas.
Con plena conciencia de que estos procesos de deterioro están en marcha, desde hace tiempo altísimos funcionarios han venido manifestando que, incluso sin su cuestionada reforma, la desaparición de las EPS es solo cuestión de tiempo. Es evidente que sus decisiones están acelerando este proceso.
Por otra parte, existe la posibilidad de que, a causa de sus graves defectos, inconvenientes y riesgos para la población, con buenas razones el Congreso no apruebe en el segundo semestre la reforma a la salud Corcho-Petro. Pero, al distraerse en esta iniciativa, no puede enfocarse en la solución de los problemas inmediatos e impostergables de la salud de los colombianos.
Así, con el sistema actual colapsando y sin ningún plan para solucionar los gravísimos problemas de corto y mediano plazo, es posible que, al cabo de algunos meses, tal vez desde el año entrante millones de colombianos queden sin atención o con una atención crecientemente deficiente. Una tragedia social de grandes proporciones cuyo peso recaería con especial rigor sobre los más pobres, quienes quedarían completamente desamparados.
Algunos observadores piensan que el Gobierno es consciente de esta situación y especulan que su intención podría ser la de permitir que se profundice la crisis para, más adelante, tramitar su defectuosa reforma mediante decretos expedidos a la luz de una emergencia económica. Si esto sucede, no habrá forma de solucionar en el corto y mediano plazo la crisis humanitaria causada por la desarticulación del sistema vigente.
Es urgente realizar un debate sobre la crítica situación del sistema de salud y los crecientes riesgos para la vida de millones de personas. Los políticos deben entender que la salud no debe ser una ficha de sus juegos de poder y fijaciones ideológicas.
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