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Cuando se generaliza la convicción de que la plata de los impuestos se roba o se despilfarra, las consecuencias son nefastas: salen los capitales al exterior, muchos colombianos se convierten en residentes fiscales en países menos rapaces y pululan los esfuerzos y maromas para pasarse a la informalidad, y también para eludir o incluso evadir las obligaciones tributarias consideradas ilegítimas. Esto explica los débiles recaudos inducidos por las reformas tributarias recientes.
La legitimidad se define como la aceptación del poder de una autoridad por parte de quienes están sometidos a ella. Para que ese poder sea legítimo, no es suficiente que la autoridad tenga la capacidad de imponerse por medio de la fuerza o la coerción: también es necesario que los gobernados la reconozcan como válida y justa. Para Weber, la prueba de la legitimidad consiste en el convencimiento de que la validez de una norma conduce a que los dominados la obedezcan y la acaten de manera voluntaria.
De acuerdo con estos criterios, la reforma tributaria que el ministro de Hacienda acaba de presentar al Congreso no es legítima. Esto se deriva del hecho, visible y evidente, de que los recursos públicos, como los recaudados por la primera iniciativa tributaria de este Gobierno, no se destinan a financiar la expansión de la oferta de bienes públicos y a satisfacer las necesidades de la población en materia de seguridad, servicios sociales o justicia. La prensa, las denuncias de la ciudadanía e, incluso, las declaraciones ante las cortes de antiguos funcionarios le muestran al país que ellos alimentan propósitos electorales, se malgastan en mordidas, cajas de billetes para los sobornados, mermelada a granel, favores políticos y miles de contratos de servicios que benefician a los aliados del gobierno.
El criterio clásico que señala que la legitimidad tributaria se asegura con la aprobación de los impuestos por los representantes del pueblo (no taxation without representation) no es válido cuando numerosos congresistas no protegen los intereses de los votantes. Desde hace tiempo, ciertas mayorías parlamentarias solo se consiguen a cambio de mermelada y de partidas que terminan en los bolsillos y las cuentas bancarias de los supuestos representantes del pueblo. Procesos como los que tramita la justicia contra exministros, exfuncionarios y congresistas ratifican esta inocultable realidad.
El grado de aceptación de los tributos por parte de la ciudadanía es una medida clave para determinar la legitimidad de los gobiernos. En casos extremos, la percepción de arbitrariedad y abuso con los impuestos condujeron a protestas, revueltas e incluso a sangrientas rebeliones. Esta fue la causa, por ejemplo, del famoso Motín del Té en Boston en 1773 y de varios alzamientos en las colonias americanas contra los tributos abusivos de los Borbones en el siglo XVIII, entre ellos los de los Comuneros en la Nueva Granada y el de Tupac Amaru II en Perú.
Es posible que en el futuro la corrección del enorme déficit que deja este cuatrienio requiera de una reforma tributaria. Pero, para que ella sea legítima, la ciudadanía deberá recibir del nuevo gobierno las garantías de que los mayores recaudos no alimentarán la podredumbre, no serán un insumo de aventuras electorales y, en fin, no serán repartidos de acuerdo con los intereses personales de sus aliados políticos.
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