Impuesto al patrimonio rural

Llama la atención que el Gobierno nunca incluye, para estos efectos, a los propietarios de la tierra rural, esos sí, grandes beneficiarios de la mayor seguridad. No quiere que asuman los costos de la misma.

La política de Seguridad Democrática favoreció, en sus primeros años, a los dueños de las fincas cercanas a las ciudades, muchas de ellas de recreo, quienes pudieron regresar al campo después de mucho tiempo de ausencia forzada. En los años siguientes, el creciente control del territorio hizo posible, otra vez, la explotación económica de gran parte de las tierras agrícolas y ganaderas del país. Se produjo de esta manera un gran beneficio a favor de los terratenientes, que gozaron de un incremento importante en sus patrimonios y sus ingresos.

Aunque el valor de la tierra rural ha aumentado enormemente, esta plusvalía no se ha reflejado en el valor catastral que sirve de base para el pago del impuesto predial. Este mismo defecto excluye también a muchos terratenientes del grupo de contribuyentes que califican para pagar el impuesto al patrimonio.

Esta decisión del Gobierno es llamativa porque numerosos dueños de los predios rurales pagaron durante mucho tiempo una serie de tributos, vacunas y contribuciones a los paramilitares, quienes los protegieron de la guerrilla hasta que llegó el Ejército. Desde ese momento, a pesar de que ya están protegidos, no le pagan a nadie por su seguridad. El Estado se la da gratis, por cuenta de la gente de las ciudades que sí tributa.

Los señores de la tierra tienen una capacidad de tributación que el Gobierno no quiere explotar.

No tiene sentido que las clases medias y las empresas medianas de las ciudades sean las únicas que aporten a la financiación de la protección y la tranquilidad de los capitalistas del campo.

No es aconsejable hacer una reforma tributaria aislada, buscando con lupa a los “nuevos ricos” urbanos. La reforma debería ser estructural, dirigida a mejorar la totalidad de los ingresos fiscales, de acuerdo con los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Dentro de esa reforma, sería oportuno desempolvar las ideas de don Hernán Echavarría, quien propuso un impuesto sobre la tierra que combatiera la formación de predios ociosos, dedicados a explotaciones extensivas, simples medios de especulación y acumulación patrimonial. El primer paso debería ser decretar, como una prioridad fiscal del país, la formación del catastro rural, de acuerdo con los precios de mercado, junto con una tarifa del predial que grave esos activos. Los grandes terratenientes, entre ellos varios políticos del Ejecutivo y el Legislativo, deberían pagar impuestos como el resto de los colombianos, para contribuir también al costo de su seguridad.