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En un examen de las principales cifras aparece inmediatamente, para bien y para mal, el impacto de la activa mano del Gobierno Nacional en numerosas decisiones y aspectos clave de la economía colombiana.
El satisfactorio dato de crecimiento del PIB del tercer semestre, del 3,6 % frente al mismo período de 2024, fue impulsado en buena medida por el extraordinario aumento del consumo público, con un impresionante 14,2 % anual, una actividad que se reflejó directamente en la dinámica expansión del 8,0 % anual de las actividades de la administración pública y defensa.
En términos financieros, este comportamiento del gasto del Gobierno Nacional se registra en el altísimo e insostenible déficit fiscal, que este año se acercará al 7 % del PIB, un fenómeno que está alimentando la mayor cifra de deuda pública de la historia, puesto que la relación deuda bruta-PIB se acercará este 2025 al récord del 66 % del PIB (como lo han anotado gran parte de los analistas, este es uno de los mayores problemas de la economía, cuya solución exigirá grandes sacrificios y difíciles decisiones a los próximos gobiernos).
En el corto plazo, el impacto del déficit del gobierno ya se aprecia en el mercado cambiario. La fuerte apreciación del peso colombiano, una de las mayores de la región, es también el resultado de la financiación del desequilibrio de las finanzas públicas. La monetización de cientos de millones de dólares por parte del gobierno, conseguidos por medio de créditos internacionales y emisiones de bonos en el exterior, está creando un fuerte exceso de oferta en el mercado de divisas que hace que el dólar se abarate en el mercado doméstico.
El preocupante y sostenido incremento de la tasa de inflación, que ya llega al 5,5 % anual, la más alta entre las de los principales países de América Latina, tiene también su origen en la presión de la demanda agregada, impulsada por el exceso de gasto público y el déficit fiscal, sobre la limitada oferta doméstica.
La inflación también se nutre del continuo aumento del salario mínimo realizado durante varios años, bastante por encima del crecimiento del índice de precios, que se traslada inmediatamente a rubros como los costos y precios de los servicios y alimenta, además, la indexación de la economía. Lo peor en esta materia es que el gobierno, por medio del superministro Benedetti, ya anunció, seguramente con propósitos electorales, que el nuevo salario mínimo para el próximo año será de $ 1’800.000 mensuales, con un incremento de cerca del 11 %, una señal anticipada de que continuarán creciendo las presiones inflacionarias en 2026.
Ante el desborde de la demanda interna, por encima de la capacidad productiva de la economía y la ruta ascendente de la inflación, muy seguramente la junta directiva del Banco de la República, actuando en forma responsable, no tendrá otra alternativa distinta a incrementar sus tasas de interés para proteger la canasta familiar del crecimiento de los precios inducido por decisiones fiscales y salariales. Las expectativas y las estimaciones de los agentes de los mercados y los analistas del país y del exterior ya contemplan en sus predicciones este tipo de medidas.
En síntesis, el desorden de la política económica del gobierno seguirá teniendo efectos negativos sobre el bienestar de los hogares y los resultados de las empresas en los próximos meses.
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