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Santiago Levy es, tal vez, el economista latinoamericano más destacado en la actualidad. Digo latinoamericano, no solo por ser mexicano, sino porque en sus distintos trabajos académicos ha elaborado un diagnóstico profundo de la situación de la seguridad social y los mercados laborales en la región, y ha ofrecido una serie de recomendaciones originales y pertinentes para solucionar el desbarajuste que se padece en esta materia. Levy no se limita a hacer eco de visiones anacrónicas, como el cepalismo corporativista, o, simplemente, a injertar elegantes teorías en boga en los países avanzados en nuestra realidad.
Fue un acierto del gobierno haber invitado a Levy a encabezar la Misión de Empleo, acompañado de un destacado grupo de economistas colombianos, cuyos resultados finales se entregaron el miércoles pasado.
Su descarnado diagnóstico retrata una enorme disfuncionalidad del mercado laboral colombiano, el cual “genera exclusión social, castiga el crecimiento y la productividad, y genera tasas de desempleo persistentemente altas”. Sus cifras nos recuerdan que la gran mayoría de las empresas y trabajadores colombianos es informal y que más de la mitad de ellos gana menos del salario mínimo. Este es el resultado de la proliferación de normas caóticas, desconectadas entre sí, que cambian con frecuencia con una trayectoria divergente.
Entre las numerosas causas concretas de los problemas, la Misión señala los incentivos perversos de la financiación de la seguridad social; las deficiencias para proteger a los trabajadores contra el despido; un alto nivel del llamado “salario mínimo” (elevado frente a los salarios del país); un ineficaz y costoso sistema de formación para el trabajo, y los débiles mecanismos de justicia y fiscalización de las normas laborales.
En sus propuestas, Levy parte de un principio establecido en la Constitución colombiana: la protección social en materia de salud y pensión básica debe cobijar a todas las personas por el hecho de ser colombianos, y ser financiada con recursos tributarios (en esto coincide con la propuesta de Fedesarrollo de establecer una pensión universal mínima para toda la población).
Esta visión contradice el sistema que se montó en los años 50, cuya estructura básica se mantiene hasta hoy, el cual se fundamenta en contribuciones de empresarios y empleados formales y, de esta manera, deja por fuera, desprotegida, a la gran mayoría: los informales, los desempleados y los que ganan menos de un salario mínimo. Solo después de la Constitución de 1991, con la Ley 100 y las reformas introducidas por la Corte, se ha extendido el servicio de salud a prácticamente toda la población.
De acuerdo con los planteamientos de la Misión, los distintos asuntos de la seguridad social y las cuestiones laborales están íntimamente vinculados. Las medidas y regulaciones en áreas aparentemente independientes acaban teniendo profundos impactos en otras. Por ello, las reformas en estas materias deben estar orientadas por una visión general y un conocimiento detallado de las interacciones de las distintas variables.
La Misión plantea la necesidad de emprender una enorme y urgente serie de reformas que deben ser el resultado de indispensables acuerdos políticos y sociales, orientados por el conocimiento de las interconexiones de los distintos aspectos de los mercados laborales.
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