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Cuando se estudian los actos de los funcionarios del Estado nunca está de más la famosa pregunta de Sherlock Holmes —la misma que, dicen, hacía el presidente Turbay cuando oía las propuestas de sus ministros—. ¿Quién se beneficia?
Por este camino caemos en cuenta de que, más allá de su jerga jurídica y las menciones al Estado Social de Derecho, a veces, esos funcionarios sólo tratan de favorecer a los que más tienen, a los del tope de la distribución del ingreso. Al respecto, registramos dos decisiones de las altas cortes que contribuyen a que Colombia sea un país más desigual e inequitativo.
La primera fue la determinación de la sección primera del Consejo de Estado a favor del exparlamentario Pablo Victoria que revive las megapensiones, del orden de $23 millones mensuales, en contra de la Constitución, los fallos de la Corte Constitucional y las más elementales consideraciones de equidad (numerosos estudios muestran que el sistema pensional del Estado es uno de los puntales de la enorme y creciente desigualdad en Colombia). Por esa tronera creada por el Consejo de Estado, seguramente, se van a meter las aspiraciones de cientos de parlamentarios y jueces, con un costo de decenas de miles de pesos.
La segunda, no menos injusta, proviene de la Corte Constitucional, supuestamente la guardiana de los principios de la Carta de 1991. La esencia del exabrupto es sencilla: la Corte les bajó los impuestos a las personas de altos ingresos. Los detalles son un poco más enredados: la corporación señaló que las tasas del llamado IMAN e IMAS-PE, dos mecanismos para liquidar el impuesto a la renta de los más adinerados, sólo se aplican sobre el 75% —y no sobre el 100%— de sus ingresos. Como ninguna persona de bajos ingresos está cobijada por el IMAN y el IMAS-PE, la decisión de la Corte, como en el caso de las megapensiones, es un regalo para los más ricos, sin ninguna consideración por los principios de la Constitución, en particular por el artículo 363 que establece que el sistema tributario debe estar regido por el principio de equidad. Distintos analistas han observado que esta norma también beneficia, entre tantos otros, a los propios magistrados y congresistas.
Hernando Zuleta, en Blogoeconomía de la Silla Vacía, señala que es irónico que la Corte Constitucional haya invocado la doctrina de la defensa del llamado “mínimo vital” (la capacidad económica para acceder a una canasta mínima de bienes y servicios que permite vivir dignamente) para argumentar en favor del regalo a las personas de mayores ingresos. Es obvio que esas personas, después de pagar sus impuestos, tienen ingresos que superan, con creces, los costos del goce del mínimo vital.
La enorme desigualdad en Colombia está apuntalada por una cantidad de decisiones, normas e instituciones dirigidas a preservar y extender los privilegios de una minoría. En ese contexto, con frecuencia, los favores y regalos a los más ricos se enmascaran y disimulan con un lenguaje engañoso de tono progresista. La inequidad, muy a la colombiana, se preserva e incrementa con discursos que invocan los principios de la Constitución y carretas conveniente y políticamente correctas como la del “mínimo vital” y la defensa de los derechos adquiridos. Por eso, como los buenos detectives, siempre debemos preguntarles a los jueces: ¿A quién benefician?
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