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No se sabe todavía cuál será la magnitud, la duración y el impacto definitivo de la pandemia del coronavirus en la sociedad colombiana. Lo que sí se sabe es que la crisis es enorme, que puede extenderse por varios meses y, además, que sus secuelas pueden ser profundas y prolongadas. No se puede correr el riesgo de que las decisiones excepcionales, al amparo de la emergencia económica y social, se queden cortas y que se dejen de adoptar algunas determinaciones que son necesarias en estas circunstancias.
Además de los recursos para atender los gastos sanitarios urgentes, se deben tomar otras medidas para fortalecer el sistema de salud, de manera que pueda hacer frente a las presiones y exigencias a que será sometido en los próximos meses, pues sin apoyos adicionales no podrá cumplir con sus responsabilidades, con grave riesgo para los colombianos. La salud pública justifica que se tomen medidas como las que recomendó la Comisión del Gasto a finales del gobierno pasado: que se destine a la salud un punto de los cuatro del impuesto a la nómina que hoy van a las cajas de compensación; hacer que con los recursos de regalías de los municipios y departamentos se cancelen prioritariamente las deudas de salud y se atiendan los gastos extraordinarios de ese sector, y que se creen impuestos a los vicios y bienes de consumo que hagan daño a la salud.
En forma semejante, se deben tomar decisiones ambiciosas para defender a los colombianos pobres de la tercera edad, los más expuestos en esta y todas las crisis. El Estado no se puede limitar a elevar los ingresos de aquellos que hoy hacen parte del programa Colombia Mayor. En esta coyuntura se debe extender este programa en forma ambiciosa para ampliar su cobertura y beneficiar a cientos de miles de ancianos sin recursos. Hay que poner en marcha los proyectos de reforma que se han discutido desde hace meses y adoptarlos, de una vez, por medio de decretos de emergencia. Así, los ancianos pobres podrán atender sus enfermedades y tragedias cotidianas.
En el campo laboral, una de las grandes prioridades debe ser la defensa de los empleos amenazados por el creciente paro de la economía; en Estados Unidos el secretario del Tesoro anunció que, a raíz del coronavirus, el desempleo podría llegar al 20 %. Por medio de las facultades de emergencia se podrían crear esquemas que permitan, por ejemplo, que en lugar de eliminar los empleos, las empresas en dificultades ofrezcan contratos de tiempo parcial, lo cual se podría complementar con alguna forma de subsidio transitorio en favor de los trabajadores.
Por otra parte, la infraestructura de comunicaciones está sometida a un gran estrés, pues millones de personas deben mantenerse en contacto y hacer transacciones en medio de su forzado aislamiento social, una situación que se puede prolongar durante mucho tiempo. Es necesario reforzar la capacidad de la telefonía celular y el internet, sistemas que, por momentos, parecen sobrecargados.
Asimismo, resulta imperativo tomar medidas urgentes que permitan que cientos de miles de personas aisladas compren, vendan y paguen más rápido a través de las redes digitales, sobre todo, con menor costo; los billetes y monedas pueden ser grandes portadores del virus y son utilizados, mayoritariamente, por los más pobres. Ellos deben tener acceso barato y oportuno a medios de pago digitales.