Metros, trenes y cercanías

Aunque el Distrito y la Nación saben que la construcción de un tramo de 20 ó 25 kilómetros del metro, que se demoraría ocho años, no resolverá el problema de movilidad, no hablan del futuro de Transmilenio. No dicen qué se hará con el transporte masivo de la ciudad durante esos ocho años (después de que se terminen las obras que ya están en marcha). No se sabe si este proyecto se suspenderá o si seguirá adelante. Tampoco saben si el metro irá antes o después del tren.

Pero esto no es todo. Las medidas complementarias, indispensables para que la ciudad organice globalmente un sistema integrado de transporte (con metro o con Transmilenio), parecen olvidadas. Ni el Distrito ni la Nación plantean planes serios sobre el retiro de los buses obsoletos, las restricciones económicas a los carros y motos, la organización de las instituciones locales del transporte. Esto es impopular.

La única explicación de este enredo es política. Se dice que los bogotanos decidieron en las urnas la construcción del metro. Se añade que las promesas del metro y del tren podrían impulsar la campaña presidencial de 2010. Se concluye que, por esta razón, es posible que no haya definiciones sino al final del año entrante.

Lo que sí se sabe es que no habrá plata para todo. Los recursos que va a aportar la Nación no alcanzan para los tres proyectos: metro, tren, Transmilenio. No alcanzan, por lo menos, para dos de ellos. En algún momento, alguien va a tener que escoger y alguien va a perder. Mientras llega ese momento, los políticos seguirán anunciando que todos los proyectos siguen su marcha. Y, mientras tanto, no se va a hacer nada o muy poco.

En este episodio de promesas, anuncios e indefiniciones, aparece de bulto la gran debilidad de las instituciones de planeación, tanto del Distrito como de la Nación. Su voz y sus puntos de vista son inexistentes. El futuro de los proyectos de transporte parece guiado por los políticos en los medios.

Este panorama muestra una gran debilidad institucional. En las democracias modernas no se presenta un inevitable conflicto entre la política y las consideraciones técnicas. Uno de los llamados checks-and-balances es precisamente el sometimiento de los gobernantes a la disciplina de instituciones presupuestales y financieras que limitan sus impulsos políticos y electorales. Así se asegura el buen uso de los recursos y se protege a los ciudadanos frente al desperdicio.

El resto de Colombia, sobre todo las regiones que hoy están excluidas de la inversión pública, tiene un interés directo en que los proyectos de Bogotá no acaparen todos los recursos fiscales de los próximos años.

La única esperanza, por ahora, consiste en que la racionalidad económica sea impuesta por las entidades de crédito (el BID y el Banco Mundial) que analizarán las peticiones de recursos de la Nación y el Distrito. Esos bancos deben estudiar los proyectos y, a veces, hacen su tarea. Llenan el vacío técnico de sus clientes del sector público.