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The Economist y otras publicaciones internacionales vienen destacando tres grandes oportunidades económicas para América Latina en las próximas décadas: (i) la creciente demanda de metales y minerales —cobre y litio, entre ellos— para las nuevas tecnologías; (ii) la mayor demanda de alimentos en el mundo; y (iii) el reposicionamiento de la región ante el desacoplamiento de China y Estados Unidos, que permite que los latinoamericanos abastezcan a esas economías en condiciones ventajosas.
Todo parece indicar que Brasil, Chile y Perú aprovecharán estas oportunidades. Y que Colombia las dejará pasar.
Estas publicaciones señalan que América Latina cuenta con el 30 % de las reservas mundiales de cobre y el 60 % de las de litio, además de importantes depósitos de estaño, níquel y otros elementos. Chile, Perú y Brasil están decididos a explotar esta riqueza por medio de ambiciosas iniciativas. Gabriel Boric, por ejemplo, ha señalado las condiciones para un gran proyecto de litio, que incluye el procesamiento y refinación de este mineral en Chile.
Varios países de América Latina tienen el potencial para abastecer la demanda mundial de alimentos, impulsada por el aumento de la población del planeta que llegará a 10.000 millones de personas a mitad de siglo. Brasil, en particular, continúa con su exitosa estrategia de mantenerse como una potencia mundial en materia agropecuaria.
El Inflation Reduction Act aprobado por el Congreso de Estados Unidos ordena que el 80 % de los minerales necesarios para producir carros eléctricos debe ser extraído o procesado domésticamente o en alguna de las economías con las cuales dicho país ha firmado un tratado de libre comercio. Es claro que esta ventaja va a ser aprovechada por México, Chile y Perú, todos con acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Colombia parece decidida a dejar pasar estas oportunidades. El promisorio desarrollo minero se combate por “extractivista”, al tiempo que los vecinos lo apoyan bajo exigentes condiciones ambientales y sociales (Brasil y Venezuela incluso estimulan su producción petrolera para financiar la transición). La producción agropecuaria a gran escala, posible en el oriente y otras regiones de Colombia, está frenada por la falta de infraestructura e investigación tecnológica, así como por restrictivas normas legales que impiden su desarrollo. A pesar de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no existe una política enfocada en aprovechar las preferencias en ese mercado.
Esta olímpica postura se justificaría si Colombia tuviera una estrategia alternativa de desarrollo económico y social que le permitiera crecer y reducir la pobreza. Pero esta estrategia alternativa no existe. Lo que se sabe es que se trata de reducir la producción petrolera y minera y que no hay proyectos para impulsar la oferta agrícola a gran escala. Se habla, sí, de la promesa del turismo —una industria cada vez más amenazada por la creciente inseguridad en buena parte del país— y de la “reindustrialización”, un vago concepto que, salvo por algunas medidas aisladas que benefician a actividades tradicionales con bajo contenido tecnológico, no cuenta con decisiones de política capaces de transformar la estructura productiva del país.
Mientras tanto, el crecimiento de este y los próximos años será decepcionantemente bajo. Y así no saldremos de la pobreza.
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