Pesadillas

Una gran ola de corrupción y despilfarro cobija a todo el país. Como nunca antes, en estos años se ha dado un colapso masivo de las leyes y las prácticas de la contratación del Estado. Las nuevas normas, las audiencias públicas, el gobierno en línea, los llamados a la transparencia y otras formalidades vacías no han sido sino mamparas detrás de las cuales se han realizado grandes negociados.

Esta es sólo una cara del problema. Desde el punto de vista de la competitividad, lo más grave es que Colombia sigue sin solucionar su grave problema de infraestructura: los altos costos de transporte de carga. El país está peor que hace una década en esta materia: hay muchos más vehículos, mucha más carga y más pasajeros, al tiempo que las redes de transporte no han crecido a la misma velocidad (y cuando se han logrado reducciones de los fletes, el Gobierno se ha aliado con los transportadores para impedir dicha disminución: ha impuesto tablas de fletes mínimos sobre las empresas).

El nuevo Plan de Desarrollo debería atacar, de frente, los problemas de la contratación y manejo de las obras. Si no lo hace, los mapas, los presupuestos, las cifras y las buenas intenciones que usualmente acompañan los ejercicios, se quedarán en el papel.

Hay que evitar que se repitan algunas de las escandalosas prácticas que todos los días se reportan en los medios:

 – Los pliegos amañados para reducir el número de competidores y dirigir los procesos hacia los favoritos de los gobernantes.

– Plazos y tiempos perentorios para todos menos para los favoritos (que usualmente conocen los pliegos antes de que salgan al público).

– Sistemas de selección y adjudicación que promueven la colusión y evitan la competencia.

– Reglas y procedimientos de selección y calificación dirigidos a excluir a inversionistas privados del país y del exterior.

– Licitaciones de obras sin estudios ni diseños.

– Contratos que se modifican con frecuencia, en contra de las condiciones de los pliegos.

 – Inclusión de obras adicionales —puentes, túneles, viaductos, al calor de solicitudes de la comunidad— en consejos comunales (la “comunidad” pueden ser dos o tres gritones fletados por los contratistas).

– Abuso infinito de las cláusulas del “desequilibrio económico de los contratos”.

– Intervención de los jefes políticos en la selección de los beneficiados, quienes, a su vez financian las campañas electorales.

– Participación de los funcionarios de los llamados entes de control en las roscas y carteles de contratación.

– Firmas de interventoría de propiedad de los mismos dueños de las empresas que ejecutan las obras.

Al repasar estos puntos en una noche de insomnio, es fácil que surjan dos intolerables pesadillas:

(i) Que el ex presidente Uribe busque la Alcaldía de Bogotá para poner a Andrés Uriel Gallego a realizar las obras de la ciudad, entre ellas el metro.

(ii) Que la Nación, que carga con el 70% del presupuesto del metro, permita que esta obra, si es que se realiza, la tome el mismo cartel de la contratación que supuestamente existe en Bogotá.