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Todos los días se siente el impacto de la crisis del sistema de salud provocada por el Gobierno. Como es usual, quienes lo padecen con mayor intensidad son los colombianos más pobres.
Según la Contraloría, el volumen de las peticiones, quejas y reclamos de los pacientes –un dato que refleja la insatisfacción y la protesta de los colombianos por los malos servicios–, llegó a 1,6 millones en 2024, con un crecimiento del 23,2 % frente a 2023. Se calcula, además, que este año la cifra llegará a más de dos millones.
Y el número de las tutelas, el recurso de los pacientes para defender su derecho a la salud amenazado, también está creciendo en forma exponencial: en el primer trimestre de este año se registraron 107.389 tutelas, con un notable aumento frente a las 92.192 tutelas en el mismo período del año anterior.
Otros indicadores también revelan la magnitud de una crisis que ya afecta gravemente la salud y amenaza la vida de muchos colombianos: la sobreocupación de los servicios de urgencias en Bogotá llegó al 300 % este año; el acceso a tratamientos retrovirales de los enfermos con VIH cayó casi del 90 % en 2022 al 78 % en 2024; existe un serio desabastecimiento de insulina; se cerraron cerca de 530 camas hospitalarias de salud mental en los últimos meses; y se suspendieron temporalmente 1.636 consultorios en Bogotá.
La principal causa de esta tragedia es la asfixia financiera que el Gobierno impuso sobre las EPS e IPS, mediante el insuficiente aumento del valor de la llamada UPC (el pago que el Gobierno debe hacer para atender la salud de cada colombiano), contrariando, incluso, las órdenes de la Corte Constitucional, una entidad que ha tratado de preservar el derecho a la salud de los colombianos. En consecuencia, las EPS, en su mayoría intervenidas o en manos del Gobierno, padecen de un patrimonio negativo superior a los $7 billones (septiembre de 2024).
El manejo de las entidades públicas y de las EPS intervenidas ha sido desastroso. Ha empeorado seriamente la situación. La Contraloría anota, por ejemplo, que la Nueva EPS, en manos públicas, con 11 millones de pacientes, a pesar de que están a su cargo billones de pesos, no ha sido capaz de producir siquiera sus estados financieros de los últimos años.
Los colombianos, todos, ya perciben la magnitud de esta crisis. Las mediciones de Guarumo muestran con toda claridad que el estado del sistema de salud es la principal preocupación de los encuestados. Y, a medida que se extienda el sufrimiento de los pacientes, este tema estará en primer lugar en las discusiones sobre el futuro del país en el próximo debate electoral.
Ante la destrucción de un exitoso sistema de salud, construido a lo largo de las décadas pasadas, muchos colombianos, para protegerse, están optando masivamente por contratar seguros prepagados. En 2020, en Colombia había 2,2 millones de tomadores de este tipo de pólizas y en 2024 su número ya se acercaba a los 3,2 millones, con un espectacular crecimiento del 40 %. Es claro, sin embargo, que esta opción es utilizada preferencialmente por las familias de mayores ingresos. Los más pobres, en cambio, las víctimas del letal shu-shu-shu, no tienen más remedio que soportar la crisis del sistema quebrado, protestar, poner tutelas y esperar –si su salud y su vida se lo permiten– que un nuevo gobierno resuelva el problema.
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