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La caída del PIB en 2020 será la más profunda de los últimos 100 años; el desempleo alcanzará niveles explosivos, cientos de miles de personas pasarán de la pobreza a la miseria y muchas otras, que a duras penas habían rozado la clase media, caerán de nuevo en la pobreza. Ante esta realidad la respuesta de las autoridades debería ser proporcional al tamaño de la crisis.
Hasta ahora las principales medidas sociales del Gobierno se han quedado cortas frente a las necesidades y apuros de millones de personas. Estas medidas se dividen en dos categorías: (i) los auxilios directos a las familias pobres y vulnerables, y (ii) las garantías del FNG para los créditos a los trabajadores independientes y las pequeñas y medianas empresas para financiar el pago de la nómina y el capital de trabajo.
El principal problema de las transferencias directas –como las de Familias en Acción, Colombia Mayor y Colombia Solidaria– es su reducido monto. Aportan a las familias beneficiadas sumas del orden de apenas $160.000 (con algunas diferencias entre los distintos programas) y, en conjunto, según Fedesarrollo, suman menos del 0,2 % del PIB. Para mitigar, así sea parcialmente, la carencia de ingresos de millones de personas, es necesario multiplicar estas transferencias en las próximas semanas.
Las garantías de crédito del Gobierno para facilitar los pagos de nómina, evitar las quiebras y posibilitar la supervivencia de cientos de miles de empresas afectadas también exhiben fallas y limitaciones. Puesto que el crédito solo es un instrumento adecuado para empresas que sufren de iliquidez transitoria, muchas firmas insolventes se abstienen de solicitar préstamos o no son objeto del crédito. Por otra parte, como la medida está dirigida a todas las pequeñas y medianas empresas –no solo a las afectadas por la cuarentena–, las firmas con menor riesgo reciben los beneficios en forma prioritaria. Por estas razones, aun si se utilizaran todos los cupos creados por las autoridades, se estima que se va a cobijar con garantías estatales únicamente al 20 % de todas las micro, pequeñas y medianas empresas, y no se impedirá la quiebra de miles de compañías y la pérdida de decenas de miles de empleos. Es por ello que varios analistas, gremios y observadores vienen recomendando la creación de un subsidio directo al empleo, semejante al establecido en otros países. Al respecto, Eduardo Lora y Jorge Humberto Botero presentaron hace unos días una propuesta atractiva.
Ante la magnitud de la crisis y sus gravísimos impactos económicos y sociales, con las facultades de la nueva emergencia económica deben elevarse las transferencias a los grupos pobres y vulnerables y establecer, sin demora, un subsidio directo al empleo que salve a miles de empresas (la destrucción masiva de empresas viables y eficientes, además de sus altísimos costos sociales, dificulta enormemente la recuperación económica después de que terminan las crisis).
El costo adicional de estas medidas, del orden del 1,5 % del PIB, sumado a la caída de los recaudos, inducirá un fuerte aumento de la deuda pública que, como lo anunció el ministro de Hacienda, deberá enfrentarse con una reforma a los ingresos y gastos del Estado después de que se supere la emergencia, la cual, entre otras cosas, debe elevar los recaudos tributarios y eliminar numerosas exenciones y subsidios injustificados.
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