Sobre la confianza inversionista

La figura del mítico empresario anglosajón —el emprendedor, que toma riesgos, innova, crea empleo, abre mercados— no se generalizó en América Latina en el siglo XIX y buena parte del XX. Con una concepción paternalista, basada en un tipo enfermizo de intervención estatal, la acumulación de recursos dependió, más bien, de los favores del Estado, de las conexiones personales y de los privilegios heredados y adquiridos. La clave del éxito en los negocios era el acceso a las licencias de importación, los contratos a dedo, los subsidios y exenciones, las informaciones privilegiadas, las excepciones y los favores. Así se produjo un capitalismo de compadres, raquítico, excluyente, inseguro, incapaz de competir, cerrado al mundo.

El objetivo de los negocios no era crear riqueza, sino repartirse las rentas que distribuía el gobierno. Los  gobernantes aseguraban así la sumisión de unos empresarios temerosos de la pérdida de sus favores.

Mientras tanto, la gran mayoría de los pequeños industriales, comerciantes y agricultores, lejos de los poderosos, sin protección legal y regulatoria, quedaba inerme, indefensa ante la impunidad, las variaciones de los mercados y los abusos de los monopolios protegidos.

Desde hace décadas se ha señalado que uno de los requisitos para la modernización de la economía colombiana es establecer un conjunto de reglas, claras y uniformes, que aseguren la competencia y la expansión de un empresariado progresista e innovador. La llegada de inversionistas del exterior y el ascenso de nuevos grupos sociales exigen un campo de juego nivelado, donde todos puedan competir en igualdad de condiciones.

Después de varios lustros de progreso, resultado de las exigencias de la apertura y la internacionalización, en los últimos años se ha retornado, poco a poco, al reino de las normas hechas a la medida. Numerosos subsidios y transferencias se decretan de manera selectiva, de acuerdo con las peticiones y el acceso privilegiado a los gobernantes. Las exenciones, zonas francas y contratos de estabilidad se distribuyen entre una minoría. Reina la opacidad en la asignación de contratos y favores públicos. La brecha entre la economía formal y la informal se agranda todos los días.

La señal que reciben los empresarios es bien simple: lo que más da plata no es crear riqueza, ser más competitivos y eficientes, sino capturar las rentas disponibles. Lo que más da plata no es ser creativos e innovadores, sino astutos y bien conectados. Es mucho mejor buscar un lobbista sagaz que un gerente competente.

Es en este contexto que Marcela Anzola y Francisco Thoumi publicaron en Razón Pública sus reflexiones sobre el abismo ético que existe entre el empresario de verdad (innovador y creador) y el negociante (el que aprovecha, de golpe, una oportunidad, un favor, una información de privilegio). Dicen ellos que aunque ambos pueden actuar en la legalidad, las consecuencias éticas de la generalización de la mentalidad del negociante, del que busca el dinero fácil, es dañina para la legitimidad de un capitalismo que excluye de sus beneficios a la mayoría de los colombianos (ver Marcela Anzola y Francisco Thoumi, Razón Pública, www.razonpublica.com).