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Numerosos cafeteros están protestando contra el Gobierno porque el precio internacional del grano cayó a las cifras más bajas de los últimos años. A pesar de que saben que no pueden culpar a las autoridades por lo que pasa en el mercado mundial, están empeñados en recibir más subsidios; auxilios que no están al alcance de agricultores menos conspicuos, más pequeños, con menor influencia política.
La oferta mundial del café se vio alimentada por el aumento de la cosecha colombiana, que en pocos años pasó de ocho a 14 millones de sacos y, de esta forma, contribuyó, así fuera marginalmente, al desplome de los precios del grano. A medida que subía la producción doméstica, animadas por la euforia del crecimiento, las autoridades del país se congratulaban y señalaban que la meta era seguir incrementando la producción hasta llegar, decían algunos, a los 20 millones de sacos. Cuanto más café, mejor, parecía ser la consigna (la misma de los años 60 del siglo pasado). No se tenía en cuenta el impacto sobre el mercado internacional, y lo peor era que poco o nada se hablaba de los altos costos de producción y de la escasa eficiencia de ciertos productores.
Al buscar obstinadamente un aumento de la producción, casi no se prestó atención a la precaria productividad de un buen grupo de fincas cafeteras, las mismas que hoy sufren las mayores dificultades causadas por los bajos precios. Desde hace tiempo, algunos observadores calificados han señalado que la prioridad no debería ser el volumen de la cosecha, sino el incremento de la eficiencia, con el objeto de lograr una caficultura más competitiva, capaz de soportar las condiciones adversas del mercado.
El diseño de los subsidios de hoy se basa en la idea de que si el precio interno baja de cierto monto ($715.00 por carga), todos los cafeteros sufren pérdidas. Esto no es así. Los costos de producción no son uniformes en todo el país cafetero. Hay productores que cubren sus costos con precios incluso menores a los actuales. Con las presiones al Gobierno se trata de evitar, por lo tanto, los afanes de muchos cafeteros ineficientes, quienes, muchas veces, no son los más pequeños ni los que producen los granos de mejor calidad.
Pero esto no es todo. El 10% de los cafeteros, los más grandes, se apodera del 60% de los subsidios, una realidad profundamente inequitativa.
En esta discusión hay muchos temas que deberían recibir una mayor atención. El aumento desproporcionado del salario mínimo, los altos costos de los fletes, el elevado precio de algunos insumos y la deficiente red terciaria de carreteras —factores que agudizan la crisis del café y otros productos— ponen de presente la falta de una verdadera política de competitividad, de la cual el gremio cafetero debería ser el abanderado. La alocada iniciativa de consagrar en las leyes una nueva prima laboral sería el golpe de gracia para amplios sectores de caficultores, aquellos con los mayores costos de producción, los mismos que, para compensar estos incrementos salariales, con seguridad exigirán más subsidios.
No se puede volver al pasado del mercado de cuotas, como sugieren algunos, y tampoco se puede convertir al cafetero en un sector enfermizo, adicto y dependiente de los subsidios. No hay otro camino que incrementar la productividad de las fincas con el apoyo de bienes públicos provistos por el Estado.
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