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El destino de la Ley de Financiamiento pudo quedar comprometido por los eventos que desencadenaron la renuncia del ministro de Defensa. Según distintos observadores, como resultado de ese hecho, el Gobierno quedó “en su plata” en materia política, es decir, rodeado únicamente del Centro Democrático y algunos de sus aliados inmediatos, sin el apoyo de los partidos independientes. Carece de mayorías en la Cámara y el Senado.
Consciente de las dificultades que podía afrontar en el Congreso después de que la Ley de Financiamiento fuera declarada inexequible, el Gobierno solicitó que se votara el mismo texto aprobado en 2018, “sin cambiarle una coma”, con la tesis de que las mayorías parlamentarias que ya lo respaldaron, en forma consistente, deberían ratificar su decisión anterior. Y para motivarlas señaló, además, que el buen comportamiento de la economía se debía, en buena parte, al impacto favorable de dicha reforma.
A estas alturas ya se sabe que no se aprobará este mismo articulado. El exvicepresidente Vargas Lleras y algunos voceros de Cambio Radical anunciaron su intención de “perfeccionar” la ley tributaria con una serie de propuestas ambiciosas (entre ellas, por ejemplo, la idea de reducir aún más los impuestos a las empresas y eliminar el 4 x 1.000), que difícilmente conseguirán apoyos mayoritarios. Por su parte, el Partido Liberal anunció que, dado que las circunstancias han cambiado, no votará el proyecto que respaldó hace un año. Al mismo tiempo, varios parlamentarios han manifestado que harán aportes a la discusión. Ante estas realidades, miembros del Gobierno han dicho que escucharán propuestas y examinarán alternativas. El debate está abierto y quedan muy pocas semanas.
Ante esta realidad, es prácticamente imposible que, sin un acuerdo político liderado por el Gobierno, pueda surgir espontáneamente en el Congreso el oportuno respaldo mayoritario a una reforma tributaria que responda, al mismo tiempo, a las necesidades de la economía y las preferencias de los distintos partidos, especialmente los independientes, los mismos que aseguraron hace un año la aprobación de la Ley de Financiamiento. Este acuerdo, por supuesto, no solo será determinante para el éxito de esta iniciativa y el futuro inmediato del manejo económico del país. Buena parte del resto del gobierno del presidente Duque dependerá de que pueda contar con mayorías en el Congreso, al menos para la conducción de algunos temas fundamentales.
En el indeseable caso de que se hunda el proyecto del Gobierno, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, entrará a regir el código tributario vigente hasta diciembre de 2018. Aunque así se tendría alguna certeza de las reglas vigentes, el país dejaría de contar con varios instrumentos de la Ley de Financiamiento que han probado ser útiles, entre ellos ciertos estímulos a la inversión, las normas que permiten la lucha contra la evasión, las que facilitan la financiación de la Tesorería y la formalización empresarial. Si se cae esta ley, no habrá otra alternativa distinta a buscar en 2020 la aprobación de una profunda reforma estructural a las normas tributarias. Eso sí, dicha reforma tendría que pasar también por el inevitable cedazo de los pactos políticos. Como nos lo recordó la Corte hace poco, no puede haber tributación sin representación.
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