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Al Gobieno le está pasando lo mismo que a las empresas cuando, después de haber aprobado el presupuesto para el siguiente año, se enteran de que algunos de sus supuestos y fundamentos dejan de tener validez, y se ven obligadas a replantear sus metas y comportamientos.
Hay, por lo menos, tres cambios en el plan financiero del Gobierno: (i) la brusca caída en los precios del petróleo que afectará los ingresos del Gobierno y las regalías (ahora se estima un precio promedio de US$75 y no US$95 por barril en 2015); (ii) la devaluación del peso (un dólar promedio de $2.300 y no $1.950); (iii) un menor crecimiento del PIB en 2015 (4% o incluso algo menos, en lugar del flamante 4,9%).
De acuerdo con las nuevas previsiones, aparecen necesariamente resultados que contradicen la naturaleza de la situación macroeconómica prevista hace unos pocos meses. Una mentira es, a veces, una verdad cambiada de fecha.
Hasta antes del nuevo escenario macroeconómico, el hueco que se debía tapar para poder cumplir con las exigencias de la regla fiscal era de $12,5 billones. Como ahora se estima que la tronera podría llegar a $18 billones y la combatida reforma tributaria ya no será suficiente —incluso después de tener en cuenta algún gasto adicional que permite la regla fiscal a raíz de la caída del precio de largo plazo del petróleo—, en los primeros meses de 2015 el Gobierno tendrá que recortar el presupuesto que se acaba de aprobar en cerca de $4 billones. Esta cirugía tendrá que aplicarse casi en su totalidad sobre la inversión pública.
Mientras que el monto de este ajuste estará determinado por la mecánica de la regla fiscal (el Gobierno no tiene otra opción que cumplir las normas), en otros frentes de la política económica las autoridades enfrentarán dilemas que pondrán a prueba su juicio y su capacidad de liderazgo.
Primero, el dilema de relajar o apretar la política monetaria. Cuando se confirme la desaceleración económica en los primeros meses de 2015, habrá presiones para reducir las tasas de interés en forma anticíclica (esta medida ya ha sido sugerida incluso por algunos miembros del Gobierno). El problema es que, en ese momento, el Banco de la República tendrá varias razones para estar preocupado: 2014 terminará con la inflación al alza (jalada por los alimentos), se habrá presentado un aumento en el salario mínimo del orden del 4,5% y ya se estará sintiendo en la estructura de precios el impacto de la devaluación. Una baja de la tasa de interés induciría una mayor devaluación y podría poner en riesgo las metas del Emisor. Pero una menor tasa podría estimular la actividad económica. ¿Ser o no ser?
Y en el campo fiscal, un dilema de fondo gravitará sobre la política económica. Ante la pérdida de dinamismo del sector petrolero, ya se predica en altas esferas un aumento del gasto público para estimular la economía. Pero, como es obvio, el impulso keynesiano se estrellará contra la regla fiscal que impone un límite al monto del déficit. Y más adelante, cuando llegue la factura del proceso de paz, su costo también embestirá a la regla fiscal. ¿Aguantará la regla? ¿Se la pasarán por la faja con fórmulas ingeniosas?
Las autoridades, después de años alegres de navegación en piloto automático, enfrentarán disyuntivas complicadas en 2015. Escoger significa renunciar. Y, necesariamente, tendrán que renunciar a algunas cosas.