¡Sí hubo desaparecidos!

Ahora, 34 años después, nuevos cómplices se suman al delito. Hablo de los abogados y fiscales que construyen piruetas argumentativas para librar al Estado de una responsabilidad que él mismo ya asumió. Hablo de médicos que ejercen funciones públicas y dan la cara para decir que “en ese momento hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que estamos corrigiendo”. Estos funcionarios también son culpables de la perpetuación de un delito que no ha dejado de ocurrir.

La noticia la recibimos ayer, como si alguien tirara una puerta y el golpe nos reventara la cara: “En el Palacio de Justicia no hubo desapariciones forzadas”. Varios funcionarios de la Fiscalía y la nueva directora de Medicina Legal fueron los encargados de defender las tesis del Estado ante los medios de comunicación.

Estas tesis son presentadas un día antes de que la Comisión de la Verdad haga el acto de reconocimiento a las mujeres y familiares que han buscado durante años a sus seres queridos. Estas tramoyas jurídicas son exhibidas ante la opinión pública tres días antes de que se conmemore el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Estos anuncios muestran la postura que asumirá el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la próxima semana. Allí el Gobierno intentará revertir el fallo de esta corte, que hace cinco años encontró culpable al Estado por dichas desapariciones.

Lo que estamos viviendo con los desaparecidos del Palacio de Justicia no debe verse como un hecho aislado, sino que hace parte de una política de Estado que golpea semana tras semana la dignidad de las víctimas. El actual Gobierno no hace nada distinto a lo hecho por el expresidente Uribe, que decretó, durante su primer mandato, que en Colombia no existía conflicto armado. En la misma línea, su asesor estrella, José Obdulio Gaviria, afirmó en su momento que en Colombia no existían víctimas de desplazamiento forzado, sino migrantes internos.

La recuperación del poder por parte de este sector político trajo de vuelta estas tesis. El primero en revivirlas fue el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien ha afirmado que reconoce el conflicto armado solo porque así lo establece la Ley de Víctimas. Pero el negacionismo, como política de Estado, no se limita a los comentarios de pálidos funcionarios de gobierno, que justamente están en esos puestos para hacer esos juicios. Al contrario, es también una estrategia mediante la cual se busca destruir las instituciones que no pueden controlar, como la JEP y la Comisión de la Verdad. Mientras, de las que se consideran “dueños” por ser gobierno, las administran como si fueran una tienda de barrio.

No importa con cuánta sevicia quieran ocultar la verdad, porque la memoria es un capital social indomable y tiene la fuerza de una gota de agua que cae persistentemente sobre una roca hasta llenarla de vetas. Esa gota seguirá cayendo y derrumbará la montaña de impunidad que intentan levantar. El actual Gobierno debe saber que la ilusión del triunfo electoral no le permite desaparecer verdades, como antes desaparecieron personas.

@arturocharria