Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La problemática que registra Colombia hoy, recuerda mucho la que vivió durante el proceso pre-constituyente de 1991.
Sus características más agudas son prácticamente las mismas: centralismo asfixiante, clientelismo político, bloqueo institucional. En los sucesos del 91 hubo un antecedente vital para el proceso que culminó en la convocatoria de la Constituyente: La elección popular de alcaldes, aprobada en 1986, había roto una vértebra del centralismo político.
Hoy la re-centralización avanza sin prisa, pero sin pausa; la política está, por completo, vaciada de contenido; la ausencia de credibilidad y el desprestigio de las instituciones están afectando la vigencia misma del Estado de Derecho. El Procurador y el Fiscal, desde dos posturas distintas del espectro político, llenan el vacío de liderazgo. Opinan, a veces, más de la cuenta. Sin embargo, sus consideraciones suelen ser pertinentes.
Las instituciones no funcionan. Por eso hay paros de maestros, paros de transportadores, paros de campesinos, paros de jueces. La gente no cree en el Congreso, ni en las altas Cortes, ni en el gabinete ejecutivo. El mismo tema de la paz está perdiendo importancia en la conciencia pública. Ojalá la autorización presidencial para la cita en La Habana entre Timochenko-Gabino sea un paso hacia la redinamización del proceso.
El Estado se ha vuelto regulador y policivo en exceso. Incluso genera más problemas que soluciones. Lo que ve el ciudadano común es un Estado demasiado pequeño para lo grande y demasiado grande para lo pequeño. Si necesita ejercer un derecho, casi que no encuentra Estado que se lo garantice. Si necesita obtener una autorización encuentra una estructura burocrática gigantesca altamente ineficiente.
La propia tutela, uno de los grandes avances institucionales de la Constitución del 91, se ha desvalorizado, no tanto por razones de congestión, como como por la corrupción en la cúpula de la rama judicial. Las autoridades centrales, encerradas en una suerte de campana neumática, deciden sin escuchar los sonidos del país nacional. Es como si las instituciones miraran hacia un lado distinto de aquel por el cual transita la sociedad.
El presidente Santos insiste en los avances que se registran en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia vial. Tiene razón. Pero era tan grande el rezago en esos aspectos que el país sigue por debajo del promedio de cobertura en la región. Y en el otro lado de la mesa amenazan la creciente inseguridad ciudadana, la proliferación de pandillas juveniles, la misma inseguridad jurídica, la desigualdad que, como se sabe, es más peligrosa que la pobreza.
La gran prioridad nacional es la recuperación de las instituciones. Es tan grave su crisis que algunas voces hablan de desobediencia civil frente a las sentencias de la Corte Constitucional. Así lo escribió, en este diario, la periodista Cecilia Orozco. Es el reino de la ilegitimidad. Lo que hay que hacer en Colombia no es defender el Estado de Derecho, sino reconstruirlo. Y eso no puede quedar en manos de quienes produjeron la crisis. El ciudadano del común es el único capaz de relegitimarlo.
*Ex senador, profesor universitario, @inefable1
Conoce más