Descentralización para la paz

La autonomía supone el reconocimiento de una potestad; la descentralización es una competencia que se otorga. Existe toda una teoría en el derecho territorial según la cual la autonomía es un derecho fundamental de las entidades territoriales. La carta política del 91 consagró a Colombia como una “república unitaria descentralizada” –que ya lo era de tiempo atrás- pero agregó el componente autonómico: “con autonomía de sus entidades territoriales”. Esta fue la novedad constitucional del 91, cuyos desarrollos han sido esquivos, por igual, en la ley y en la jurisprudencia.

En efecto, una y otra deben procurar el mayor equilibrio entre unidad política y autonomía territorial pero, como bien lo anota el jurista Augusto Hernández Becerra, nuestro derecho “convirtió la unidad política en un principio duro y la autonomía territorial en un principio blando” a contrapelo de las normas superiores. Veintidós años después de aprobada la constitución, el juego de equilibrios entre descentralización y autonomía permanece sin estrenar. En una sociedad plural, la organización del territorio tiene que ver con la legitimidad, con la gobernanza, con la participación ciudadana, con la democracia, con la inclusión social.

A propósito de las conversaciones con las Farc, vale la pena rememorar el “Encuentro hacia la Paz”, celebrado en Ginebra en el año 2002, que giró en torno al “futuro de la descentralización” en Colombia. En la memoria del evento aparece un texto de Darío Indalecio Restrepo en el cual se lee: “La organización del territorio de manera regional puede ser una invaluable oportunidad para asentar un pacto social y político con base en el cual se profundicen la equidad, el desarrollo y la democracia”. Estas frases cobran plena vigencia. Y a pesar de que el tema territorial se ha descaecido, coinciden con los esfuerzos por una “Colombia Regional” que se adelantan desde diversos sitios del país.

La negociación que comienza en Oslo no va dirigida a resolver la situación social, sino el enfrentamiento armado. Pero sería la base para construir, ahora sí, un país en que quepamos todos. Tras la acción de los grupos armados ilegales subyace un problema de poder territorial que sólo se resuelve por la vía del ordenamiento del territorio, de una municipalización capaz de llevar instituciones hasta los sitios más alejados de nuestra geografía, de la coincidencia entre la realidad geográfica y cultural de un país diverso y el diseño jurídico-constitucional de sus entidades territoriales. Colombia no necesita fortalecer tanto el estado-nación, como adecuarse a la dinámica de un mundo regional que es supra y sub nacional. Su cabal incorporación a la aldea global, se basa en el fortalecimiento de la aldea local. Ese también es el primer paso hacia la paz.

Ex senador, profesor universitario. atm@cidan.net