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No se puede comparar con una guerra convencional, ni siquiera con una guerra civil, pero la naturaleza del conflicto colombiano se volvió fundamentalmente militar.
La violencia del medio siglo anterior, producto del enfrentamiento entre los partidos tradicionales, se superó inicialmente con el Frente Nacional. El historiador Russell Ramsey, en su libro “Guerrilleros y soldados” escribe que en 1965 era difícil encontrar quinientos violentos en todo el territorio del país. Sin embargo el Frente Nacional se cerró sobre sí mismo y clausuró los espacios para la crítica, mientras el conflicto político devenía en conflicto social.
A poco andar aparecieron signos de corrupción en la política tradicional, el comercio de exportación de drogas ilícitas se volvió un lucrativo negocio y en torno a él aparecieron auténticas organizaciones empresariales para el crimen, que contaminaron a casi todo el cuerpo social. Ese nuevo marco propició una nueva violencia, con poder multiplicador, que permeó la vida cotidiana y pervirtió la naturaleza del conflicto. La guerrilla –y su antítesis, los paramilitares– terminaron convirtiéndose en un sistema de vida. Por eso se militarizó el conflicto. Era preciso enfrentar por la fuerza a los grupos armados ilegales.
El cansancio del país con una guerrilla jurásica propició la aceptación general de la política de seguridad democrática cuyos éxitos nadie desconoce. El estado recuperó la iniciativa, legitimó el monopolio de la fuerza y desató expectativas esperanzadoras en materia de paz. La fuerza pública mejoró su imagen y adquirió entre la sociedad civil un prestigio que no conoció durante décadas. Los fuertes golpes a las Farc despejaron toda duda sobre la capacidad militar del estado y la correlativa incapacidad militar de la guerrilla. Desde el punto de vista militar la fuerza pública hizo lo suyo.
El conflicto armado se definió a favor de las autoridades legítimas y, con ellas, a favor de la sociedad civil. Por eso hay que desmilitarizarlo. Ahora aparecen brotes de inconformidad en distintos sectores, originados en disímiles razones. No todos son consecuencia del viejo conflicto, pero éste sí puede transformarse en protesta ciudadana. En ella intervendrá, de seguro, lo que queda de una guerrilla con frustraciones, pero con recursos. Sin embargo ese no es un problema militar sino político.
Es un sofisma hablar del reencauche de las Farc, pues lo que se ve en ellas son más discursos políticos que delitos de secuestro e inclusive, que acciones militares. Su propia cúpula es consciente de su, casi nula, capacidad militar. Pero la historia muestra que los conflictos armados no terminan nunca en la rendición incondicional de ninguna de las partes. Suelen terminar en armisticio y es mejor que así sea, porque la rendición, también se sabe, deja un sabor amargo capaz de incubar nuevos conflictos.
Pero no solo hay que desmilitarizarlo. En este momento el conflicto es prisionero de los enfrentamientos entre el ex presidente Uribe y el presidente Santos. Hay que liberarlo de esa trampa diabólica, que insiste en soluciones militares para problemas políticos y no deja fluir soluciones políticas para problemas sociales. En esa trampa no puede caer la fuerza pública. Claro, tampoco las dejan fluir los protagonismos contestatarios que se sienten dueños de la paz. En ninguna de esas trampas puede caer la sociedad civil.
Ex senador, profesor universitario
atm@cidan.net