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El acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla sigue siendo un asunto de las dos partes, pero lo que viene después es asunto de todos los colombianos.
Hay dos afirmaciones frecuentes que encierran peligrosas falacias: Hablar de “paz sin impunidad” y manifestar que “queremos la paz pero no así”. La primera equivale a preferir la impunidad sin paz que hoy vive el país y la segunda implica votar en forma negativa los acuerdos. Esto no significa su revisión sino el regreso a la guerra. Por eso es preferible esperar al resultado final de las conversaciones e intervenir en la ejecución de lo convenido para poder incidir sobre el post-acuerdo.
En La Habana no se discute el Estado de Derecho ni la economía de mercado. El debate se centró en temas eminentemente políticos y la política es el arte de lo posible. Su razón de ser –sobre todo en los tiempos actuales y en las sociedades plurales- no es la confrontación sino el acuerdo. Su más noble objetivo es la obtención de un consenso de mínimos. Por eso la política es, hoy, el sustituto de la guerra.
El sentido fundamental del proceso que se cumple en La Habana –como lo expresó Humberto de la Calle desde el primer momento- supone que quienes dejan las armas retomen la política. Y que política y armas nunca vuelvan a estar juntas. Teniendo eso claro es más fácil entender el significado de las conversaciones y el alcance de las concesiones. Pero es más importante aún supervisar los desarrollos del post-acuerdo.
Colombia ha suscrito otros pactos de paz, pero los ciudadanos no han vigilado sus desarrollos ulteriores. El Frente Nacional fue un acuerdo tan exitoso que logró superar, casi por completo, la violencia liberal-conservadora del medio siglo xx. Suscrita la paz, representantes de “chusmeros” y de “pájaros” –como solían llamarse despectivamente entre sí los dos bandos- llegaron no sólo al Congreso sino al gobierno. Pero la ausencia de seguimiento ciudadano permitió que el sistema se cerrara sobre sí mismo, bloqueara las Instituciones y renaciera la violencia. Esa misma ausencia es responsable de que “el nuevo país”, avizorado en el horizonte de 1991, colapsara sin acabar de nacer.
Los ciudadanos tendrán que avalar los acuerdos de La Habana. Pero después de su refrendación, se hace necesario garantizar la vigencia de unas instituciones eficaces, y sobre todo legítimas, que le den al ciudadano la certeza de tener el marco cabal para encausar un proceso democrático y creador, capaz de asegurar una paz sostenible en el tiempo. Este tema será inevitable en la próxima campaña presidencial.
En efecto, hay un bloqueo institucional cuyo estado de crisis comienza a sonar a crisis de Estado. El Congreso Nacional carece de autonomía frente al gobierno; éste agota su gestión política en el simple mantenimiento de sus mayorías parlamentarias; las cortes de justicia se deslegitiman cada día más por la presencia impune de magistrados sub judice en su seno. El sistema electoral y sus circunscripciones amarradas facilita la corrupción. En esas condiciones un proceso hacia la consolidación de la paz es insostenible. Se requiere un reajuste en las instituciones que sólo es posible a través de una Asamblea Constituyente. A ese tema me referiré en la próxima columna.
*Ex senador, profesor universitario, @inefable1
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