Diálogo de sordos

En Argentina, por ejemplo, existen múltiples situaciones de tensión con comunidades aborígenes. Tierras de su propiedad fueron entregadas a propietarios privados, incluidos extranjeros, que corrieron de su asentamiento a los indígenas. En Chile el Estado desconoció tajantemente tratados con el pueblo mapuche. A mediados del siglo XIX, el general José Manuel Pinto se atrevió a decir que “el carácter de los indios exige, para que la paz sea duradera, imponerles condiciones que solo aceptarán cuando se vean reducidos a la impotencia”. En Brasil, el nuevo presidente anunció desde su campaña que “los indios ya tienen tierra de más”.

Colombia registra situación semejante: más que en la Colonia, fue en la República cuando creció el latifundio. Al amparo de la desamortización de bienes de manos muertas, no pocos empresarios se convirtieron en terratenientes. Y no pocos terratenientes expandieron sus propiedades hasta invadir tierras pertenecientes a los indígenas, desde tiempos precolombinos. La ley convalidó aquellos abusos porque, para el pensamiento único, era preciso “reducir los indígenas a la vida civil” como rezaban normas del derecho colombiano.

Todo eso fue modificado por la Constituyente de 1991. Por una parte, estableció una autonomía política en relación con los territorios indígenas suficientemente clara; y por otra formuló, también con claridad, un nuevo paradigma que enaltece la diferencia y abre la puerta hacia el pluralismo jurídico. Sin embargo, las instituciones colombianas siguen sintonizadas con el tradicional paradigma del pensamiento único, propio del régimen constitucional anterior y se niegan a mirar la realidad de la problemática indígena con el lente del 91.

Por eso los conflictos entre el Estado colombiano y sus pueblos indígenas no se resuelven. Históricamente han estado presididos por un diálogo de sordos que, aún hoy, se observa no solo en las declaraciones de las autoridades nacionales, sino en las mismas afirmaciones de los periodistas. Incluso éstos no actúan como notarios de un proceso, sino como aliados de la incapacidad secular del establecimiento para superar un agudo problema de gobernanza que solo se resuelve a la luz de un nuevo paradigma.

Si el presidente no recibe a un grupo de congresistas que lo busca en su despacho, si el fiscal –que funge de superministro– asume la política con criterio de instructor punitivo, si los indígenas convierten un sitio de encuentro en punto de honor, la solución estará más lejos cada día. Y el nuevo paradigma inscrito en la Constitución del 91 va a seguir bloqueado por una verdadera crisis del sentido común en la política, que se expresa en este diálogo de sordos. Mientras tanto el país sigue prisionero de la ingobernabilidad.

@Inefable1

* Exsenador, profesor universitario.