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“Si Alemania se había enorgullecido durante mucho tiempo de ser la tierra de poetas y pensadores, en la década de los veinte parecía superarse a sí misma. Y, sin embargo, en esa democracia ilustrada, creativa y ultramoderna creció el más oscuro régimen de la historia humana”. Este párrafo forma parte de la introducción al libro La muerte de la democracia del norteamericano Benjamin Carter Hett quien, además, transcribe la frase apodíctica de un periodista alemán: “Primero ardió el Reichstag, luego los libros, luego las sinagogas…”.
Probablemente los Estados Unidos no puedan enorgullecerse de lo mismo, pero están asistiendo a un desenlace semejante: primero fue la interferencia electoral, después el asalto al Capitolio y ahora la neutralización de unas sentencias sobre las cuales el juez no sabe si mantener la condena o anularla, en virtud de una inefable decisión de la Suprema Corte sobre inmunidad presidencial. No sin razones, el politólogo Adam Przeworski, profesor de la Universidad de Nueva York, expresa miedos frente al Gobierno Trump por sus reiteradas promesas de campaña en el sentido de desmantelar las agencias de asistencia social, clausurar la lucha contra el cambio climático y tomar venganza contra sus oponentes políticos, empezando por los de su propio partido.
Agregó luego algo más preocupante aún: en el año 2016, Trump y su equipo ganaron las elecciones, pero no tenían aptitud alguna para gobernar. Ahora están altamente preparados, tienen programas detallados para decidir y voluntad de hacerlo incluso por encima del principio del control. Tras la figura de Trump y de sus procelosos anuncios se ha venido montando un proyecto inédito al servicio de desarrollos plutocráticos.
La democracia, cuya razón de ser garantiza las libertades, la igualdad, la propiedad y los controles sobre el poder, dejó de funcionar cabalmente. Sus instituciones terminaron prisioneras de una discordancia, entre inevitable y forzosa, que produce simultáneamente crecimiento económico y desigualdad social. Cayó en el escenario propio de la plutocracia. El fenómeno se volvió estructural y destruyó la gran idea-fuerza democrática que descansaba sobre los equilibrios entre Estado social de derecho y economía social de mercado.
Tales equilibrios fueron producto de ponderaciones políticas, económicas y sociales que se aplicaron casi universalmente en el siglo anterior. En Colombia fueron consultadas para adoptar las reformas de 1910, de 1936, de 1968 y la Constitución de 1991. Pero la nueva centuria obró en su contra y fracturó esos equilibrios institucionales: la política se convirtió en una mecánica para ganar elecciones, la economía en dogmas y el derecho en teoría. Las dos primeras se divorciaron la una de la otra y ambas de la realidad social; el último redujo sus virtudes a lo que el jurista Mauricio García llama eficacia simbólica, es decir, no hace falta producir el mejor derecho; basta legitimar de cualquier manera a los gobernantes.
A todo parecer, el nuevo Gobierno gringo privilegiará políticas que legitimen decisiones para beneficiar al 1 % de la población universal, cuya riqueza es superior a la del 99 % restante.
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