La OEA y Colombia

En efecto, la convocatoria formulada por el Libertador, en 1826, al Congreso de Panamá, suele considerarse como el primer antecedente de la Organización. Bolívar propuso que aquel congreso convocara a todos los países iberoamericanas y deseó que se reuniera sin la presencia de los Estados Unidos. Curiosamente la Conferencia Internacional Americana que dio origen a la primera organización hemisférica, se celebró en Washington sesenta y cuatro años después.

En 1910 nació la Unión Panamericana, y en 1948 se transformó en la OEA. El ex presidente colombiano Alberto Lleras Camargo fue el último director de la Unión Panamericana y el primer Secretario General de la OEA, en un proceso de transición que se cumplió sin traumatismo alguno. En 1985 la Carta de la OEA fue objeto de algunas reformas consagradas en el Protocolo de Cartagena de Indias, y en 1994 accedió a su Secretaría otro colombiano, el ex presidente César Gaviria Trujillo.

Pero además, Colombia ha sido un país respetuoso del derecho. Más allá –o más acá- de su historia de violencias y conflictos subyace un respeto a la ley y un acatamiento a las formas republicanas que resulta evidente. Por encima de las polémicas de los especialistas, todos coincidirían en la afirmar que el país ha consolidado, por lo menos, la vigencia de una democracia formal.

Alguien dijo que en Colombia han primado las bibliotecas sobre los laboratorios. De los libros surgían las polémicas, de éstas los bandos, de los bandos los campamentos, y de los campamentos las constituciones. En ese círculo, inefable y recurrente, se inscribe el proceso que construyó la tradición jurídica nacional.

Todo eso viene a la mente ahora, con la crisis regional que dejó escuchar ruidos de tanques en la frontera con Venezuela, sonidos de indignación en Ecuador e incluso expresiones de resentimiento personal en los labios de su presidente. Y rechazo de numerosos comentaristas de prensa en distintos países de América.

La Carta de la OEA es una declaración de solidaridad y cooperación entre los pueblos, de adhesión al derecho internacional, de reconocimiento de la democracia representativa como base del Estado de derecho y de respeto a la soberanía e independencia de los Estados miembros. Consagra, además, principios como los de la no intervención, la no agresión y el tributo debido a la personalidad cultural de los países americanos.

Existe también la Carta Democrática Interamericana, que avanza en el reconocimiento de la participación ciudadana como “un derecho y una responsabilidad”; y el Plan de Acción sobre cooperación hemisférica para compartir información y adoptar normas internas dirigidas a neutralizar la gestión de grupos comprometidos en actividades terroristas.

La OEA no ha podido compatibilizar el principio del respeto a la soberanía de su territorio, con los propósitos enunciados en su Plan de Acción contra los grupos que ejercen actividades terroristas. Para ella el principio de la soberanía priva sobre el combate a los actos terroristas, según se desprende de declaración de la última reunión de cancilleres.

No es así, por ejemplo en Europa, continente al cual se suele acudir cuando se quiere hablar del buen funcionamiento del Estado de derecho. La Unión Europea constituye el mejor ejemplo de integración nacional, en la historia de occidente. Allí se ha cedido algo del principio de la soberanía de los Estados, a cambio de la integración de las naciones. La moneda común –y bien se sabe que la moneda es uno de los principales elementos de la soberanía- da testimonio de ello.

No parece verlo así buena parte de América. Precisamente aquella que no se percibe a sí misma como piélago de culturas y de expresiones políticas. Hace pocos meses me preguntó un profesor español si en Latinoamérica hay interés real por Latinoamérica. No lo hay, ni lo habrá, mientras los latinoamericanos quieran seguirse viendo más en el espejo del mundo desarrollado que en el suyo propio.

Hay países miembros de la OEA que no consideran a las Farc como organización terrorista. Tendrán sus razones, pero probablemente aceptarán que cometen actos de terrorismo. En efecto las Farc ponen bombas, matan personas, secuestran ciudadanos inocentes. Insisten en proyecto revolucionario superado por la historia, lo cual les sitúa el futuro a sus espaldas. No constituyen una fuerza insurgente sino un sistema de vida.

Colombia debe hacer una diplomacia más agresiva. Tiene el reto de abrir la ventana que muestre cabalmente su realidad, para que el mundo se solidarice con la tragedia de sus conflictos y el sufrimiento de sus campesinos. La sociedad colombiana –como la del resto de los, países de América- es heterogénea, desigual, excluyente. Pero su conflicto no gira en torno a reivindicaciones sociales. Los objetivos de la guerrilla son, hoy, bastante menos confesables que el propósito social que les sirvió de inspiración, y sus procedimientos son, de plano, condenables.

Afuera siguen viendo a las Farc como grupo insurgente y no como excrecencia de la lógica diabólica de un conflicto cuya perversión son, precisamente, los grupos armados ilegales. Las Farc, las Auc, los mismos agentes del Estado que cometen actos terroristas. Los colombianos están cansados de todos ellos, como lo demuestran las grandes marchas de febrero y de marzo, contra la violencia que representan unas y otros. Pero afuera quieren ver más lo primero que lo segundo. De hecho hay mucha gente a la cual los árboles no les dejan ver el bosque.

Ex senador, profesor universitario

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