La plurinacionalidad de Bolivia

Por entonces Bolivia estaba viviendo días de transformación institucional. Nacionalizaciones respaldadas por una poderosa central obrera que giraba en torno a la industria minera del estaño, eran inspiradas por el célebre Movimiento Nacionalista Revolucionario. Los presidentes Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo proyectaron su liderazgo más allá de las fronteras bolivianas.

El nuevo texto constitucional también va mucho más allá de la simple autonomía local. El Estado Boliviano es, según el artículo primero superior, “plurinacional, comunitario, libre, autonómico y descentralizado…Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Semejante riqueza conceptual hace de la Constitución de Bolivia una de las más avanzadas del mundo, desde el punto de vista del reconocimiento de su paisaje político. Está hecha para una sociedad plural que, aun cuando se congrega en un Estado unitario, se funda en una amplia gama de diversidades que consultan cabalmente su realidad histórica y sociológica: Bolivia es una patria multinacional.

En efecto, la Constitución reconoce la existencia precolonial de pueblos originarios, a los cuales garantiza autonomía, autogobierno, autodeterminación. Señala la presencia de comunidades urbanas diversas, comunidades interculturales y naciones con patrimonio lingüístico propio, y consagra como idiomas oficiales del Estado el español y todos los demás de las “naciones y pueblos originarios campesinos” como aymara, baure, guaraní, quechua, tacana, zamuco y otros treinta idiomas más.

El gobierno plurinacional y el gobierno de cada uno de los departamentos deberá utilizar por lo menos dos idiomas oficiales, uno de los cuales será el castellano y el otro el de las preferencias de la población o el del respectivo territorio. Así mismo asume unos “principios ético-morales de la sociedad plural” que consagra en lenguas vernáculas y garantiza una educación “intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo”.

La diversidad cultural “constituye la base esencial del Estado pluricultural y comunitario”. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica entre los bolivianos y tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. Así lo establece el artículo 100 de la Constitución.

Además del pluralismo y la participación, la organización territorial del Estado está definida como de un régimen autonómico y establece que la regionalización del país será producto de la voluntad democrática de la ciudadanía, a través de referendo y por la unión de municipios, de provincias o de territorios indígenas con continuidad geográfica y que compartan características comunes.

Probablemente no hay en ningún otro país de América una Constitución con tan claros y marcados caracteres autonómicos. Por eso no resulta muy comprensible la reacción del gobierno boliviano frente al resultado del referendo votado en Santa Cruz a favor de la autonomía. Su Carta Política está hecha para garantizarla: la autonomía individual, la de los grupos sociales y la de las entidades territoriales.

Los Estados unitarios temen a la autonomía territorial y, por eso, privilegian el principio de la unidad política. Pero en el Estado autonómico la unidad política es plenamente compatible con la autonomía territorial. La América del sur, que ha vivido grandes conflictos históricos entre federalismo y centralismo, puede encontrar en el Estado autonómico la expresión institucional que garantice la unidad en la diversidad.

En Bolivia el pluralismo social no pudo ser borrado en varios siglos de centralismo político. Pero los derechos conquistados por los pueblos originarios en la nueva Carta Política, tampoco pueden ser negados por ellos a los demás bolivianos. No es fácil, por lo tanto, entender la postura del gobierno frente a los resultados del referendo de Santa Cruz.

También hay que decirlo. El conflicto originado por los acontecimientos ocurridos en Santa Cruz no se agota en la situación político interno. Pone de presente un problema de fondo: la crisis del Estado, como paradigma institucional, particularmente allí donde nació como resultado de la imposición de las potencias europeas del siglo XIX.

No es fácil aceptar la crisis de uno de los paradigmas fundamentales del pensamiento moderno. Pero si el Estado unitario resulta incapaz de abrir compuertas hacia la realidad pluralista, participativa y autonómica del mundo contemporáneo, se fracturará aparatosamente entre las dinámicas encontradas de la globalización y de los regionalismos. La ecuación global-local no parece dejar muchos espacios a lo nacional en el futuro.

La democracia debe comenzar a leerse en clave no nacional o, por lo menos, en clave no centralista. De otra manera resultará afectada por las dinámicas de la nueva ecuación planetaria. El tema es polémico, pero lo que ahora sucede en Bolivia hace inevitable pensar en lo ocurrido en la antigua Yugoslavia o en las repúblicas ex soviéticas durante la década anterior. Cuando el Estado no es producto cabal de un proceso de formación nacional, termina comprometiendo su propio futuro. ¿Será que nuestra América corre el riesgo de balcanizarse al llegar al segundo centenario de su independencia?

Ex senador, profesor universitario

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