Los jueces hablan en sus sentencias

Los generales habían dejado de “hablarle al país” desde los días del Frente Nacional, cuando el presidente Alberto Lleras -en un célebre discurso pronunciado en el Teatro Patria- marcó una curiosa frontera entre militares y civiles, a fin de que aquellos se abstuvieran de intervenir en la actividad pública, y éstos en la castrense. En una democracia, se dijo por entonces, las fuerzas armadas no pueden ser deliberantes.

Alberto Lleras tenía razón sólo parcialmente. En efecto, en una democracia las fuerzas armadas no deben ser deliberantes pero las cuestiones castrenses tampoco pueden ser exclusivas de los militares. Al contrario, son propias de la sociedad civil en su conjunto, de su gestión autónoma, de las ramas del poder público, de los dirigentes políticos y de los gobernantes.

Aquel discurso le sustrajo a la sociedad civil uno de sus intereses fundamentales: el de definir la forma en que va a organizar su fuerza pública. En cualquier democracia ese es un asunto que compete a todos los ciudadanos. Ciertamente Lleras se encontraba prisionero de una realidad bien compleja, pues el país apenas se desembarazaba de la urdimbre dejada por las dictaduras del medio siglo. Era preciso hacer concesiones. Pero el resultado fue que las fuerzas armadas adquirieron un carácter muy estamental.

En el Estado de derecho que hoy existe las ramas del poder público son independientes y todos sus organismos –incluidos los militares- acatan las reglas que el país se dio en su Constitución. Por eso es también curiosa la proliferación de declaraciones públicas que están haciendo los presidentes de las altas cortes, en medio de un ambiente enrarecido por situaciones relacionadas con el ‘choque de trenes’.

Es como si quisieran que “el país se acostumbrara a oír a sus jueces”. Claro, los jueces son deliberantes porque su función hermenéutica así lo impone y más aún en estos tiempos de constitucionalización del derecho. Como jurista soy defensor del rol activo del juez y de su capacidad creadora. Ese papel resulta clave para controlar la fuerza del poder y estimular la fuerza del derecho.

Pero los jueces hablan a través de sus providencias. Incluso de los comunicados que los altos tribunales consideren pertinente emitir frente a aspectos concretos que relacionen su actividad con la vida del país. Pueden formular proyectos y defenderlos en el seno de las Cámaras. Eso sí, deben huirle a la guerra mediática de estos tiempos, en la cual se privilegia lo efectista sobre lo prudente. No sin razón lo que hacen los jueces se llama ‘juris-prudencia’.

La deliberación de las cortes es privada, aunque sus decisiones sean públicas. Sus presidentes deben ser consecuentes con tal situación y, por lo mismo, actuar con la prudencia que exige la naturaleza de su investidura. Considero inoportuna cualquier reforma legal que modifique la competencia para juzgar a los congresistas. Pero que los magistrados sean beligerantes defensores del esquema vigente y lideren el ‘statu quo’, deja un tonito de amenaza parecido al de quienes formularon la propuesta. Y ambos dan la impresión de que consideran más importante su poder que sus obligaciones.

*Ex senador, profesor universitario.