Un doble error histórico

En el sur del Tolima se habían asentado unos grupos de defensa campesina desde 1947, cuando se desató ‘la Violencia’ y surgieron las primeras guerrillas del siglo xx, unas liberales y otras comunistas. Después de una década de crueldad y de excesos el sistema del Frente Nacional recuperó la paz. El propio ‘Tirofijo’ se desmovilizó y –a instancias de Alberto Lleras y de Darío Echandía- fue contratado para trabajar como inspector de la carretera Planadas-Neiva. Por desgracia el sistema se fue cerrando sobre sí mismo y la coyuntura internacional se volvió propicia para el surgimiento de nuevos conflictos. La ‘guerra fría’ en el ámbito internacional y las ‘repúblicas independientes’ en el interno presionaron en las élites la decisión de aplicar remedios bélicos a problemas que necesitaban políticas públicas y normas jurídicas.

Para dichas élites Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, Sumapaz y otros sitios en la región del Ariari no sólo estaban por fuera del control del Estado. También desafiaban la unidad política del país y amenazaban la integridad de sus instituciones. El gobierno no quiso ver que tales repúblicas independientes eran producto de la ausencia de Estado. En 1964 el presidente de la República Guillermo León Valencia prefirió envíar a Marquetalia un batallón de soldados de la sexta brigada con sede en Ibagué. Marquetalia supuso desarrollos que, probablemente, significaron un doble error histórico: el de una dirigencia inficionada de conservadurismo, y el de un grupo contestatario contaminada por un sectarismo fundamentalista. En medio de la confrontación este-oeste, Colombia se volvió escenario de una especie de guerra ajena: A pesar de sus ingredientes libertarios, se inscribía en un ámbito de sobreideologización que enervaba cualquier perspectiva de diálogo. La paz era imposible.

El planteamiento de las repúblicas independientes se desvanece en un país que, en 1991, consagra la autonomía territorial como principio básico de su Carta Política. Si, al menos en teoría, aquellas amenazaban la integridad de las instituciones, esta –en la realidad política- es instrumento apto para garantizar la convivencia en medio de la diversidad. El propio Álvaro Gómez, que criticó las primeras en 1964, no se quejó de las zonas de reserva campesina, aprobadas por el Congreso treinta años después. Algo va de unas repúblicas independientes que perturban el ánimo de los más fervientes defensores de la unidad de un poder central omnipresente, a la autonomía territorial que, según mandato de la Constitución, se equilibra con la unidad política en un país consciente de estar conformado por una sociedad plural.

Los últimos hechos del proceso que se cumple en La Habana obran a favor de la tesis del error histórico. Ciertamente el Estado quiso enmendarlo en varias ocasiones, pero chocó siempre con la obstinación del partido comunista y de su brazo armado, o de una guerrilla y de su brazo político, que colapsaron en medio de la combinación de las formas de lucha. Pero queda un peligroso grado de polarización social. La Habana puso de presente, este miércoles, la absoluta inutilidad de la guerra. Y en la Carta del 91 subyacen soluciones reales para el conflicto armado. Por eso preferir la guerra sobre la política sería, más que otro error histórico, una especie de delito de lesa patria.

* El autor es exsenador y profesor universitario.

@inefable1