Un estado aparente

El ciudadano común echa de menos el liderazgo de otros tiempos en las tres ramas del poder público, en los organismos autónomos, en el nivel territorial. Hay congresistas, magistrados, funcionarios con alguna credibilidad, pero son personas, no Instituciones. El prestigio del propio jefe del Estado es superior al del gobierno que preside. Son muy altas las carencias políticas de buena parte de su gabinete y muy bajo el nivel de comunicación de sus ministros y funcionarios con el país nacional.

Los desarrollos de las reuniones de alto nivel celebradas hasta hoy son desalentadores. Con el pretexto de apuntalar un Estado de Derecho que colapsa, el gobierno defiende una apariencia de Estado. Es lo que ocurre cuando se hacen reformas para que todo siga igual. Deben escucharse otras voces autorizadas e idóneas no contaminadas por la crisis. Se requiere una solución nacional, no un pacto de cúpulas.

Tiene razón el presidente Santos en que el país no puede dar un salto al vacío. Solo que en este caso cayó al vacío sin dar salto alguno. Por eso lo que hay hacer no es depurar la justicia sino recuperarla. Pero tal cosa no es posible defendiendo el status quo sino modificándolo, es decir, realizando una juiciosa reingeniería institucional. Cirugía de fondo la llamó el presidente del BID en reportaje concedido a El Tiempo.

Los instrumentos constitucionales están a disposición del Estado y de la sociedad: Los decretos legislativos, los proyectos de ley, los Actos Legislativos, la Asamblea Constituyente, el acuerdo político y social amplio y democrático, la combinación inteligente de varias fórmulas. Todos esos instrumentos forman parte del Estado de Derecho. El único que no figura en su lista es el que está usando el gobierno: encerrarse entre cuatro paredes para resolver la crisis con las mismas personas que la produjeron.

Lo prioritario es salvar el Estado de Derecho: Con o sin Corte Constitucional, con o sin cúpula múltiple en la rama, con o sin Fiscalía general. Todo ello formará parte de la reingeniería que tendrán que diseñar el gobierno, el Congreso, e incluso el sector académico. De lo contrario surgirá –como ya se asoma- un populismo mediático inconveniente y perturbador. Inquieta, por decir lo menos, ver a directores de medios dictando olímpicamente sentencia desde sus micrófonos. Como si fueran jueces.

Esa otra cúpula de los grandes medios desconoce el tema jurídico, por eso sus fallos son políticos. El fallo en derecho supone normas. Para el fallo político bastan opiniones. Pero en este caso ya no hay Estado de Derecho sino estado de opinión. Sin embargo en la curiosa postura de que se debe evitar un salto al vacío, cuando es evidente que las instituciones dan tumbos cuesta abajo, a duras penas hay un Estado aparente. Las dos posiciones conducen hacia la institucionalización de la crisis. Es increíble: le toca a la sociedad civil, sola, defender el Estado de Derecho.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1