Una prueba ácida

En la Colombia de hoy los políticos se acostumbraron a jugar, irresponsablemente, a la polarización. Muchos colombianos no se dejan seducir por ese juego, pero también muchos han caído en la trampa. No era así en el pasado. Después de la violencia del medio siglo XX, los líderes de los dos partidos enfrentados dieron un ejemplo formidable: se comprometieron a fondo con una política de convivencia. El país vivió un período de tranquilidad que se extendió hasta la aparición del narcotráfico.

La dimisión del expresidente y su natural resonancia política son estímulos que reviven el enfrentamiento ciudadano. Eso conspira contra el anuncio del presidente Duque en el sentido de buscar aproximaciones entre los colombianos. Además, enreda la posibilidad de realizar acuerdos políticos en torno a reformas que el país necesita con urgencia, comenzando por la de la propia administración de justicia. De hecho, la polarización social hace muy difícil la gobernabilidad del Estado.

A propósito de este caso, el politólogo español Jorge Galindo describe en El País de Madrid las dos posturas que suelen asumir las élites más conspicuas de una sociedad: “Quienes colocan su poder al servicio de las instituciones, y quienes intentan colocar estas al servicio de su poder. Uribe lleva dos décadas establecido en la ambigüedad entre ambas, en la duda que existe entre desafiar por completo a las instituciones y respetarlas a ojo cerrado. Ni ha tratado de dar jamás un golpe de Estado, ni se puede considerar su trayectoria política como favorecedora del pluralismo y de la solidez institucional” (25/6/18).

En el plano político aquella ambigüedad se mueve en un marco que le resulta funcional: la separación de poderes es garantía insustituible para el funcionamiento del Estado de derecho. Sin embargo, la debilidad de las instituciones deja el espacio propio de las normas a merced de sentimientos y percepciones de la gente. Así, el Estado de derecho se convierte en Estado de opinión. Y el Estado de opinión supone algo que sólo pueden hacer los poderosos: poner su poder más allá del alcance de las instituciones.

En el plano jurídico, el expresidente reta a la Corte Suprema. La obliga a definir entre retener o no el proceso en su sede, a través de una decisión que puede resultarle polémica. Existen precedentes en ambos sentidos, porque en Colombia hay jurisprudencia para todo, aun tratándose de situaciones contrarias. En este caso la investigación debe ser diáfana; la argumentación, contundente, y el procedimiento, transparente, o se desprestigiará aún más la administración de justicia.

En el plano ético surge una inquietud: ¿podrá nuestro Estado de derecho superar esta prueba ácida? En buena parte depende de la Corte: la paz lograda después de la violencia del medio siglo XX muestra que la responsabilidad dirigente determina comportamientos sociales. O, al menos, proyecta un mensaje ético que, como alguien ha dicho, ayuda a mejorar un sistema atiborrado, como el nuestro, de free riders.

*Exsenador, profesor universitario.

@inefable1