La masacre cambia de forma

En Colombia la masacre ha sido el método más brutal para sembrar el terror en un contorno. Ha sido el accionar para expulsar de sus tierras a millones de campesinos. Este método adquirió el más infame refinamiento durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (El Aro, Chengue, Ituango, Tierralta, Mapiripán, Barrancabermeja, El Salado, Miraflores, Majagual, Uribía, Dabeiba, Humadea, Confines, Soacha y un largo entre otros) y se creyó que no era posible más depuración de la maldad: empalamientos de campesinos en la plaza pública, desmembramientos imitando el sacrificio de galápagos para hacer el guiso alimenticio;  juegos de fútbol con la cabeza de las víctimas; el desollamiento público a pleno sol y ante los ojos desolados de los familiares de la víctima; la alimentación de caimanes con el supuesto enemigo del orden, es decir, de campesinos que habían padecido el rigor de la guerrilla y ahora veían superado el fragor de la guerra pero entonces aparece con la avanzada paramilitar en connivencia con el ejército estatal.

Pero todo aquello ocurría en la Colombia rural y los medios de comunicación al servicio del gobierno de la “seguridad democrática” invisibilizaban la guerra. Hoy, mientras escribo esta columna, y durante el mandato de Iván Duque llamado también gobierno de Uribe III, la masacre continúa. Sigue caracterizándose por el elemento sorpresa y el ejecutor diluyendo su identidad, actúa como algo inexorable, como si fuera una catástrofe natural e instaura una ceremonia mortuoria donde se convierte en un dios al que le es asignado el poder de dar o quitar la vida. Pero cambió en un aspecto no menos fatal:  ahora los asesinos matan a cuenta gotas y enero de 2019 da cuenta de un muerto por día. Seis líderes asesinados y ninguna acción preventiva por parte del Gobierno de Iván Duque que parece estar interesado en ofrecer a los colombianos risibles y patéticos hechos en los que da a conocer ignorancia e improvisación en temas que un verdadero estadista no desconocería. En poco tiempo ha superado a Julio César Turbay Ayala quien fue una inspiradora fuente de chistes y gracejos durante el gobierno –también terrorífico- del Estatuto de seguridad.

Los homicidios pues, se presentaron en Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena y  ocurrieron a colombianos con influencia en sus comunidades y en el maltrecho pos conflicto. El más reciente acaeció el domingo y se trata de Maritza Quiroz Leyva, líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta. A Maritza le habían asesinado al esposo y ahora ella es asesinada en las tierras que le fueron restituidas ubicadas en la vereda San Isidro, del sector de Bonda, de Santa Marta.

Un líder social asesinado por día es la cara nefasta que hoy presenta Colombia bajo el gobierno de Iván Duque Márquez. Es una manera soterrada de continuar la guerra que esperábamos cesara con una adecuada implementación del proceso de paz en el llamado posconflicto. Pero los hechos del pasado indican que a este gobierno -de clara influencia del Centro Democrático- no le interesa sino una política de guerra bajo el eufemístico y falaz argumento de “paz sin impunidad”.

Ahora es la masacre a través del asesinato individual como estrategia de la vieja nueva guerra que entra en escena con el guion de “hacer trizas el acuerdo de paz”, una guerra más perversa porque como afirma la historiadora Amparo Murillo: “El asesinato individual a representantes del interés colectivo es una manera de fragmentar aún más la sociedad y la memoria, al igual que las respuestas políticas alternativas. Una masacre tiene mayor impacto y la respuesta logra ser más contundente para la defensa de los derechos humanos y para la investigación del contexto y los victimarios. Pero los asesinatos personalizados dispersan a la ciudadanía a nivel nacional y se reduce al dolor a lo familiar o local”.

Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, el presidente Duque reescribe nuestra historia.