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Dentro de los indicadores de seguridad que se han deteriorado en los últimos años, hay uno que debería generar mayor preocupación que los demás: la extorsión.
Según cifras del Ministerio de Defensa, en Colombia hemos pasado de 1.721 denuncias de extorsión en 2021 a 2.641 en 2024. Este crimen, que viene en ascenso, está afectando tanto a poblaciones urbanas como rurales, aunque de maneras diferentes.
Si bien todos los delitos son graves, desde las muertes violentas hasta el hurto, la extorsión es una amenaza particularmente preocupante, pues es síntoma de la falta de presencia de un Estado que no solo no es capaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, sino que tampoco está presente para ejercer una de sus funciones más básicas: el cobro de los impuestos.
Los impuestos que aportamos como ciudadanos al Estado son una parte fundamental en ese contrato social que hemos hecho para poder vivir de manera civilizada. El trato, palabras más palabra menos, es básico: un ciudadano hace aportes al Estado para recibir a cambio salud, educación, seguridad, infraestructura y otros beneficios que mejorarán su calidad de vida. Los grupos criminales que viven de la extorsión no sólo se enriquecen de este dinero, sino que prácticamente empiezan a jugar el rol del Estado, especialmente en materia de seguridad, pues son los encargados de “pacificar” los territorios a cambio de las extorsiones, y de castigar a quienes no pagan.
En Bogotá, por ejemplo, localidades como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Santa Fe son algunas en las que más sucede este delito, donde las modalidades son similares. Desde los puestos de comida de la calle hasta ferreterías y peluquerías, terminan “boletiadas” y deben pagar por la seguridad de que las mismas bandas no los violenten.
Adicionalmente, la extorsión genera una afectación a la economía de grandes proporciones. Si un negocio empieza a prosperar, los criminales empezarán a hacerles cobros desproporcionados y crecientes, y a hacer amenazas cada vez más graves, que pueden llegar al secuestro y el asesinato. En este sentido, la falta de una autoridad que controle a los extorsionadores genera un incentivo para que los dueños de los negocios no crezcan. Así estos sean lucrativos y tengan mucho potencial, van a preferir no crecer, no aumentar sus ganancias ni contratar más empleados, todo para evitar llamar la atención de las bandas criminales.
A pesar de los esfuerzos de la Policía y el Ejército a través del Gaula para desmantelar estas bandas, es preocupante que hasta el momento no exista una estrategia más efectiva y creativa para detener este delito. Es cierto que cada tanto se dan capturas, pero esto sólo genera que las bandas simplemente se reorganicen o den paso a otras bandas enemigas que quedan con el camino libre para adueñarse de los negocios de extorsión. Es bien sabido por los colombianos que gran parte de las llamadas extorsivas y los cuadernos donde llevan su “contabilidad” provienen de las cárceles más grandes del país.
¿Cómo pedirles a los ciudadanos que paguen sus impuestos y cumplan con su deber si sienten que eso no les garantiza ni siquiera el mínimo de seguridad? Pensar en este delito implica pensar en las estructuras criminales y cómo desmantelarlas, y para eso se requiere mucha investigación y un cuerpo que no se deje corromper por los dineros de este “negocio” ilegal.
Hasta que no logremos que los ciudadanos paguemos impuestos al Estado en lugar de extorsiones a los ilegales, será difícil que Colombia sea un país próspero, equitativo y viable.
Por Blanca Inés Durán
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