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Además de preguntarse con regularidad por qué Colombia no cultiva coca con fines distintos a la extracción ilegal de alcaloides, tal como lo hacen los demás países andinos, nos enfrentamos con doble estándar al caso de producción ilícita ganadera, de papa, de palma y podría decirse que de casi todo, porque poco se respeta la normatividad de uso del suelo o el ordenamiento territorial, una quimera. Para la muestra, la dificultad de hacer o adoptar POT significativos o de mantener los parques nacionales, la joya de la corona, libres de deforestación o usos no compatibles con su objeto de manejo.
Las dificultades para organizar ecológicamente las actividades agrícolas y pecuarias productivas en el país provienen de una larga y profunda fractura institucional, donde el Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente), que ahora podría uno extrañar, dio paso a la creación de un “sector” de la gestión que hoy siempre hay que citar así, entre comillas, porque no lo es pero sí lo es: “el ambiental”. Peor aún, la adopción de la hipotética “vocación de uso”, importada de los Estados Unidos hace décadas, solo incrementa la inconsistencia entre las buenas prácticas agroecológicas requeridas por nuestros ambientes ecuatoriales y montañosos y la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que debería ser connatural, sinérgica. El resultado, la visión creciente de que la naturaleza es algo intangible que le pasa al país en la conciencia, pero no tiene más materialidad que un decreto o una campaña de mercadeo.
El control de cultivos de uso ilícito ha demostrado ser extremadamente complejo, más visible en los medios, pero quién sabe si menos frustrante que el fracaso generalizado en la aplicación de la normatividad general acerca del uso del suelo, como demuestra la incapacidad de las autoridades del país para hacer respetar las rondas de los ríos, limitar la expansión de la frontera agropecuaria o regular otras prácticas insostenibles. Además del cultivo ilegal de la coca, una planta nativa con usos ancestrales, hay grandes áreas del país con vacas, ovejas, cabras y caballos que comparten irresponsabilidad con cultivos en los páramos, arroz en áreas de humedales silvestres o plantación de especies maderables donde sólo está permitida la extracción sostenible de productos no maderables del bosque silvestre.
¿Qué efectos tendría legalizar o liberar la producción agrícola de hoja de coca y destinarla a las decenas de usos que han propuesto entidades como el Sena, la Universidad del Cauca, escuelas de gastronomía como el Gato Dumas y otras instituciones nacionales? ¿No sería bueno volver a considerar que ninguna planta por sí misma no es mala ni buena, como me han reclamado cada vez que hablo de las vacas del Guaviare o las cabras de la Guajira como desastres ambientales? ¿Se acaba el mundo si reconocemos que una política agropecuaria debe ser consistente con las condiciones de la biodiversidad más que de la pendiente o el potencial mecanizable de un territorio? El mismo café, que es un cultivo de ladera, se establece a menudo en pendientes tan altas que destruyen la lógica normativa que tienen, lo que ha hecho que gran parte de la producción de comida en al país también sea ilegal, pero tengamos que mirar a otro lado, viviendo en estado de simulación ecológica, señal de enfermedad mental institucional que no hemos logrado siquiera reconocer. Ojalá las ministras de Agricultura y de Ambiente y Desarrollo Sostenible conversen mucho entre ellas y logren lo que los hombres en esos cargo nunca: entender que no hay dos dimensiones del territorio y la sociedad a gestionar desde el Estado, porque el ambiente no es medio, es todo.
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