Acuerdo agropecuario sobre lo fundamental

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría ha venido en la tarea de trabajar una propuesta de acuerdo, con la colaboración de expertos, algunos gremios y sobre todo con los insumos de un observatorio legal agropecuario en el que participaron todas las líneas de pensamiento político, a fin de que fuera incluyente, tuviera completitud en los planteamientos, tendiera puentes y tocara sin reserva los puntos más álgidos que están pendientes de ser resueltos. Esta propuesta, que será lanzada a todo el país en los próximos días, es un excelente principio que, sin venir de los gremios, clase política, gobierno, academia, oposición, sí tiene en cuenta todos esos puntos de vista. El objetivo es que nadie se la apropie, pues sin tener autores, ni sesgos ideológicos, debe ser el reflejo de todos.

Dicho acuerdo comienza enmarcado en las numerosas declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho a la seguridad alimentaria, recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible y propone que la Corte Constitucional reúna los artículos de la Constitución y sentencias en lo que sería una “Constitución Agrícola”, como acertadamente y para facilidad de comprensión ha elaborado los conceptos de “Constitución Económica” y “Constitución Ambiental”.

El documento expone crudamente el contexto de nuestra agricultura, señala sus carencias, pero muestra el gigante potencial que tiene este sector. Como en cualquier actividad, propone unos objetivos de política, subrayando que además de ser un asunto de interés nacional, debe convertirse en política de Estado. Recoge los puntos principales sobre el tema agrario contemplados en el Acuerdo de Paz, pero va más allá en sus propuestas de desarrollo, no solo de la economía campesina, sino de cultivos comerciales independientes de su tamaño. El documento es una partitura para el desarrollo del agro, que plantea la completitud de medidas, es claramente incluyente, favorece la equidad y promueve la concurrencia de acciones. Frente a los capítulos que se consideran fundamentales, se analiza la necesidad de una institucionalidad concertada, el favorecimiento de todo tipo de esquemas asociativos, la importancia de un esquema tributario tipo “flat tax” a largo plazo para todas las actividades, propone cambios en la legislación laboral que promuevan la formalización, establece la necesidad de créditos para productores primarios acompañados de seguros y asistencia técnica, propende por el fortalecimiento de la formación para el trabajo, las medidas para lograr seguridad jurídica en el campo, impulsa el catastro multipropósito, los bienes públicos que habilitan el desarrollo, la comercialización, el enfoque territorial, la sostenibilidad, la ciencia y tecnología, y finalmente le da un fuerte respaldo al debate y aprobación de la ley de tierras discutida en recientes legislaturas. ¿Será esta la oportunidad de empezar a ponernos de acuerdo?