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Es falsa la propaganda de que “EPM está mejor que nunca” y que con su gestión lograron el pago del siniestro, cuando realmente Hidroituango está saliendo adelante a pesar del sabotaje de Daniel Quintero, por la excelente y oportuna gestión de Iván Duque, D. Mesa, Juan E. Posada, M. Lotero y el ingeniero William Giraldo.
En Hidroituango, unas condiciones geológicas de muy difícil manejo llevaron al panel de expertos y al grupo del contrato BOOMT a taponar y abandonar las galerías de desviación originales y construir una auxiliar de desviación que se conectara con el túnel de descarga. Túnel también con geología adversa que falló en 2018, creando una contingencia que obligó a desviar el río por la casa de máquinas. El manejo politiquero de Daniel Quintero generó una cadena de eventos de costos y retrasos incalculables. Veamos:
El financiamiento principal de la obra tenía un contrato con el BID y otros bancos por US$1.000 millones y un plazo de 12 más ocho años. A pesar de la contingencia y gracias a las gestiones del gobierno de Duque, se logró concretar el crédito por US$900 millones con un primer desembolso de US$450 millones en diciembre de 2018, contradiciendo la falsa versión que de que el gobierno nacional se opuso. En octubre de ese año el auditor determinó que el atraso del proyecto constituía un incumplimiento grave e insalvable (más de 365 días), que haría efectivas obligaciones a valor futuro por US$360 millones. Nuevamente las gestiones del gobierno nacional lograron que solo ejecutando garantías se centraran en energías firmes reales entregadas, ahorrándole a EPM un monto considerable.
En septiembre de 2020, el alcalde Quintero presentó una conciliación prejudicial por un monto de $9,9 billones, decisión tomada sin consultar a la Junta Directiva de EPM, grave incumplimiento en el manejo de gobierno corporativo que llevó a la renuncia de la junta en pleno y, en consecuencia, Fitch bajó la calificación a EPM con observación negativa, aduciendo que la gestión del mayor propietario de EPM (Medellín) deterioró los controles de gobierno corporativo. Posteriormente, demandas temerarias de EPM ante la Cámara de Comercio de Medellín, hoy sin admitirse, por $9,9 y $5,5 billones, generaron situaciones de difícil manejo para contratistas y contratantes. En el 2021, la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, y el BID manifestó formalmente que, si no se tomaban las decisiones de buen gobierno corporativo, existían las facultades para declarar el incumplimiento del crédito, que en 2020 ya estaba en default técnico, y nuevamente por gestión del gobierno de Iván Duque, en diciembre de 2021, no se declaró el incumplimiento. Pero para no adoptar las recomendaciones de gobierno corporativo, EPM Quintero decidió prepagar el financiamiento del BID con plazos hasta de 20 años, consiguiendo dineros a costos mayores y plazos menores para cancelar los US$450 millones ya desembolsados; tema que por deterioro fiscal debe ser investigado. Adicionalmente, en 2021, por gestiones exclusivas del presidente Duque, su ministro de Minas y la Contraloría, Mapfre accedió a firmar el acuerdo pagando el siniestro, sin que hubiera intervención de Quintero.
En resumen, a la fecha tenemos que de los 2.400 MW solo han hecho 1.200 MW. Este retraso politiquero de Quintero será factor fundamental en un posible racionamiento.
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