Protestas: ponderando derechos

Lo anterior le da la razón tanto a los que ven el vaso medio lleno como medio vacío. En este panorama, el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente es una garantía constitucional que hay que proteger, pero también ponderar. Protesta SÍ, pero respetando el derecho de los demás ciudadanos al trabajo, a la educación, a la movilidad, al entorno y al ambiente sano y sin destrucción de bienes públicos o privados, sin incurrir en conductas delictivas ni justificando la violencia como medio legítimo para argumentar las propias razones. Pero cómo entender que un grupo pequeño reclame arbitrariamente para sí la ÚNICA representación de las inquietudes de todos los colombianos, que su agenda sea la ÚNICA y que convoquen nacionalmente a decenas de puntos de concentración convenientemente situados en lugares críticos, cuya obstrucción paraliza las ciudades y el país. ¿Cómo entender que, en varios de los puntos, el llamado a la concentración es a las 4:30 am en los parqueaderos de salida de buses y transportes masivos? ¿No es lo anterior facilitar bloqueos y, de paso, crear el ambiente para que las milicias urbanas del Eln, Farc, colectivos venezolanos, MJ19 entre otros, generen la revolución molecular destruyendo selectivamente y atacando bienes públicos y ataquen sin piedad nuestra fuerza pública?

Todo este entorno para generar una crispación colectiva que incube el montaje de que “el pueblo está indignado” y por tanto se impida el ejercicio de los derechos al trabajo o la movilidad de los demás millones de colombianos que discrepan de los radicales. ¿Cuál es el propósito real, cuando originalmente se plantean 13 puntos de demandas, que por antojo se vuelven 104 y que cuando se desagregan son más de 130, muchísimos de los cuales requieren cambios constitucionales, consensos nacionales o son irrealizables? Pareciera ser que el objetivo es sustentar la falsa premisa de que el Gobierno no oye ni soluciona.

En este panorama, SÍ es necesario complementar las alternativas institucionales con esquemas modernos de diálogo social, amplio e incluyente, y la forma como el Gobierno lo ha planteado es definitivamente un gran avance. Sí hay que ir solucionando con acuerdos nacionales muchas de estas inconformidades, aquellas que sean jurídica y fiscalmente viables, y que no pretendan desconocer la Constitución.

Para terminar, podría calificarse de políticamente oportunista y hasta irresponsable la actitud de ciertos alcaldes que de manera populista promueven la organización de los paros y/o se lavan las manos diciendo que la solución de los problemas es exclusivamente del resorte del Gobierno nacional, desconociendo la realidad de problemas históricos que se agravaron en los últimos años. Protesta SÍ, pero pacífica, en los términos de la Constitución, respetando los derechos ajenos y con apoyo total al ESMAD.