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Seamos realistas. Por lo pronto, del hueco fiscal no nos sacará el tan inaplazable recorte del gasto público, políticamente inviable en el inmediato porvenir. Máxime tras el impune aniquilamiento de la Regla Fiscal. Ni mucho menos una nueva, enésima, reforma tributaria, que no tiene posibilidad alguna de salir adelante.
Lo obvio es dejar crecer a quienes más contribuyen al erario. Es decir, al empresariado local y foráneo. Y atajar lo que más devora sus impuestos: la asfixiante burocracia centralista e inútil de un gobierno voraz.
Se trata del primigenio sentido común: ‘del cuero salen las correas’. Es su fundamento y principio. Por ende, si se ahoga a la base contribuyente, ¿quién responderá? Pues lamentablemente la siguiente generación, ya la más endeudada de nuestra historia. A ello se suma la alucinante persecución contra el sector de los hidrocarburos –cuyo aporte llegó a superar la quinta parte de los ingresos del fisco–, por cuenta de las obsesiones intergalácticas de quien se cree salvador del planeta.
¿Quién pagará la factura? ¿Acaso el banco central emitiendo moneda sin respaldo alguno para cubrirla, lesionando así su poder adquisitivo, tal como a diario pide quien se siente incómodo con la independencia de aquel –al igual que con la Regla Fiscal– y, de paso, culpándolo de sus propios yerros económicos?
Lo apremiante de cara al futuro de la Nación es liberar y alentar a las fuerzas innovadoras y creadoras de riqueza de la iniciativa privada. He ahí la más jugosa potencial despensa fiscal. Es su crecimiento el único camino sano a fin de cerrar el insoportable agujero negro de las finanzas públicas, que va camino del 8 % del PIB, el más abultado desde la Guerra de los mil días.
La que debería ser la columna vertebral de la agenda nacional en el mediano y el largo plazo es la soberanía alimentaria. Allí yace la clave de la generación de empleo formal y, a su turno, la salida fiscal que le urge al país.
No más en la Orinoquía se halla la posibilidad de duplicar en corto tiempo la reducida área cultivada en el resto del territorio, así como la producción de carne bovina y la porcicultura a partir de agricultura y ganadería regenerativas y sostenibles. Basta mencionar, entre no pocos, sólo dos ejemplos pioneros sobre su viabilidad y rentabilidad con una mirada al sector agropecuario como industria integrada, en vez de una mera actividad primaria y aislada: La Fazenda, en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta, y la hacienda San José, en el centro del Vichada. Y la Iniciativa Soya Maíz Proyecto País, encadenada con la dinámica industria de alimentos balanceados, que avanza en dicha región con notable ritmo.
Al menos dos condiciones iniciales resultan esenciales a fin de poder alcanzar dicho cometido: la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, y la supresión de la anacrónica figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
La experiencia del estado Mato Grosso en Brasil –una zona agroecológicamente casi idéntica a la Orinoquía– demuestra el enorme impacto positivo sobre las finanzas públicas del crecimiento agroindustrial. En efecto, según una bien documentada investigación de Fedesarrollo, la suma de los impuestos municipales, estatales y federales se ha multiplicado por siete desde el año 2000. En tanto que, con las inversiones sociales y el desarrollo jalonado por el sector privado, Mato Grosso tiene hoy la mejor relación del índice de Gini y el PIB per cápita de Brasil.
Un logro incuestionable de los empresarios, sin el entrometimiento del Estado.
Los cien años de don Guillermo Cano, un ícono de la democracia y la libertad.
*Ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Agricultura y ex director de Ecopetrol.
Por Carlos Gustavo Cano Sanz
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